Mañueco neutraliza el pulso de Vox y quita el plan antiaborto a Gallardo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo que convocar ayer a la prensa para hacer una declaración institucional —en la que no se admiten preguntas— para negar que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas y aclarar que no se obligará «a nada» a médicos y mujeres, ya que serán éstas las que decidirán «libremente» si quieren más información.

Después de una mañana de polémica, con la amenaza del Gobierno central de llegar hasta el final y recurrir incluso al Constitucional —Podemos barajó la posibilidad de aplicar el 155 en Castilla y León (como se hizo tras el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña) para intervenir competencias de la Junta si mantenía su plan antiaborto— y la presión desde Génova 13 al ver ‘tocado’ el liderazgo nacional de Feijóo, a Mañueco no le quedó más remedio que comparecer públicamente para neutralizar el pulso de Vox con el plan antiaborto del vicepresidente, García-Gallardo.

Mañueco, que se presentó seguido a dos pasos por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP) —desaparecido de la escena pública desde el jueves, cuando se aprobó el protocolo en Consejo de Gobierno— tardó más de 35 minutos en comparecer desde la hora prevista. Si en ese tiempo peligró el pacto entre PP y Vox en CyL, el partido de extrema derecha se apresuró a decir públicamente, minutos antes de la declaración institucional del presidente de la Junta, que la continuidad del acuerdo estaba asegurada.

A primera hora de la mañana, antes de que se anunciara la declaración institucional, Gallardo mantenía aún encendido el fuego. Desde Soria, la provincia calcinada este verano por los incendios forestales, el vicepresidente sostuvo que el protocolo antiaborto era «de obligado cumplimiento» para «todos los profesionales de la sanidad», ampliando así el espectro más allá de los médicos.

Y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, desafió desde Madrid: «No vamos a dar ni un paso atrás ni bajar (sic) ninguna bandera». Se encargó además de recordar que el protocolo había sido «consensuado» dentro del Gobierno de Mañueco y lo puso de ejemplo de lo que puede pasar si gobiernan tras las elecciones municipales del 28 de mayo y las generales, que en principio se convocarán para diciembre.

El presidente de la Junta de CyL no sólo dio marcha atrás en el plan —el Boletín Oficial de Castilla y León ni siquiera ha publicado la nueva instrucción— sino que llevó la contraria a Gallardo al utilizar la palabra «coacción», que el vicepresidente niega.

Así, Mañueco subrayó que tiene «muy claro» que «alterar el orden» existente en materia de atención a los embarazos y variar el criterio clínico de los médicos sobre realizar o no determinadas pruebas «puede derivar en coacciones directas e indirectas» hacia las mujeres que quieren abortar, ante lo que remarcó que su gobierno «ni las va a promover ni amparar» (las coacciones).

Fernández Mañueco dijo que lo que sí va a hacer la Junta es mejorar «las prestaciones» a las mujeres embarazadas, sin ampliar más información ni sobre en qué consisten esas medidas ni si se aplicarán a todas las embarazadas, hayan tomado o no la decisión de abortar.

«Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni el protocolo de Castilla y León», dijo. Y mencionó, por ese orden, que en CyL se aplicará «la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico».

La Junta no actualizará «en ningún caso» el protocolo de atención a las mujeres que son sometidas a una interrupción voluntaria del embarazo, garantizó.

«No se obligará a las mujeres embarazadas a nada, serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar, según su criterio clínico», dijo Fernández Mañueco.

Pero para entonces, los barones del PP ya se habían manifestado en contra de las medidas de Vox. Si desde Andalucía se sostuvo que el Gobierno presidido por Juanma Moreno aboga por «el respeto a la libertad de la mujer, absolutamente», según la consejera Loles López, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al partido de Abascal de buscar un «conflicto interno» con Mañueco y de «alimentar» a Pedro Sánchez.

A Sánchez le dedicó Mañueco —que a punto estuvo de decir la Consejería de ‘Insanidad’ en lugar de Sanidad— casi los mismos minutos que a tratar de neutralizar a Vox. El presidente de la Junta manifestó su «estupefacción» ante el requerimiento del Gobierno central para dar marcha atrás en las medidas anunciadas, un documento que dijo que aún no había recibido y que el Gobierno central sostuvo que sí, y añadió que, además, aborda una cuestión sobre «la que no existe ningún acuerdo tramitándose» —en clara contradicción— por lo que acusó al Ejecutivo central de intentar sacar un «rédito político» del asunto, lo que tachó de «lamentable».

En su ataque de huida hacia adelante, Mañueco reclamó al Ejecutivo que deje de hacer política con las mujeres y, siguiendo las directrices nacionales, sacó a relucir el excarcelamiento de «abusadores sexuales y violadores» y le exigió que se centre en modificar la «chapuza» de Ley del sí es sí «cuanto antes».

«Ni el Gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el Gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León», zanjó, alegando que con esta «ampliación» de prestaciones (sin especificar a qué se refería) lo que se busca es «busca de promover la natalidad».

Por último, dijo que el único objetivo de la Junta es ayudar a las mujeres embarazadas que, a su juicio, han sido «utilizadas» de «manera interesada» por el Gobierno.

«En Castilla y León no vamos a hacer a las mujeres rehenes de este debate», terminó.