CyL obliga a las residencias a ser «lo más parecido a un hogar»

El nuevo modelo de residencias en Castilla y León reforzará el protagonismo de los usuarios y creará entornos de convivencia más seguros y confortales. Lo destacó ayer la consejera de Familia, Isabel Blanco, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del Proyecto de la Ley Reguladora de los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración.

El objetivo es que todos los centros se ajusten al nuevo modelo de unidades de convivencia para que las personas mayores que residan en espacios acogedores, lo más parecido a un hogar, y reciban atención integral personalizada, respetando siempre sus necesidades y preferencias. Y es que se busca un modelo centrado en la persona.

Blanco aseguró que los aspectos arquitectónicos que se contemplan en esta ley son de «obligado cumplimiento» desde el día en que entra en vigor para todos los nuevos centros que se proyecten. En cuanto al resto de centros tendrán hasta 2029.

La Junta tienen una línea de subvenciones a centros, dotada con 15 millones de euros, para financiar la modernización y adaptación de las residencias y centros de día a este nuevo modelo de unidades de convivencia. La administración autonómica también ha mejorado las cuantías que reciben los centros por las plazas concertadas.

De media, lo que se paga por las plazas concertadas en residencias mayores ha aumentado un 33 por ciento y de centros de discapacidad, en torno al 22 por ciento. Es decir, las plazas en viviendas de autismo han pasado de 1.800 euros en 2019 a los cerca de 2.300 euros. En cuanto a las plazas de grandes dependientes, el salto ha sido de 1.580 al mes a 2.100 euros en el mismo periodo. También ha aumentado la prestación vinculada que se da a las familias para pagar los servicios residenciales, con una subida del 24 por ciento en los últimos tres años.

Más de 72.000 plazas

La nueva ley, que ahora comenzará su tramitación parlamentaria en las Cortes, afectará a las 72.634 plazas que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad. En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia. Esto sitúa a Castilla y León, apuntó Blanco, como la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,8 por ciento, muy por encima de la media nacional (4,1 por ciento). En cuanto a personas con discapacidad, hay 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas y 10.638 centros de día), distribuidas por 825 centros.

Hay centros que tienen mucha demanda pero hay otros con muchas plazas vacías pero también hay mucha diferencia en el precio. «Una habitación doble tiene un precio de 800 euros al mes en alguna residencia rural y otras muy especializadas, como San Juan de Dios, roza los 3.000 euros. Se trata de conjugar los dos modelos, el de atención domiciliaria y el de centro residencial, para que ambos se sientan como en casa», sentenció la consejera.

Los usuarios convivirán en entornos más pequeños (de hasta 16 personas) y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.

La futura norma trata de superar el antiguo modelo residencial transformándolo en espacios asimilados al propio hogar de los mayores como espacios con dormitorio, ducha particular accesible, cocina o sala de estar, lo que facilita el aislamiento y la compartimentación en caso de un contagio o una pandemia, como ocurrió con el Covd. Además, se regulan las viviendas asistidas, que no podrán pasar de ocho plazas en términos generales o de cuatro en el caso de que se trate de personas con discapacidad por enfermedad mental.

El texto de la ley determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.

La ley coloca a la persona en el lugar preferencial y recoge todo un catálogo de derechos que protegen su autonomía: proyecto de vida, decisiones manifestadas previamente por escrito, a mantener su idiosincrasia e identidad cuando el grado de autonomía empeore o a un trato personalizado, afectuoso, digno y con respeto a intimidad y creencias, entre otros.