El juzgado Social no tiene competencias en la financiación del Serla, dice el TSJCyL

La Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró, a instancia de los Servicios Jurídicos autonómicos, la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar los actos administrativos dictados por la Junta en la financiación de la actividad de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla).

Este sistema, constituido tanto por los agentes sociales firmantes de los acuerdos interprofesionales como por la Junta de Castilla y León, tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad, en la medida en que es la Administración autonómica la única entidad que financia su actividad. Mediante la Orden de 13 de abril de 2023, de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, se concedió a la Fundación del Serla una subvención de 400.000 euros, sujeta a determinadas condiciones y requisitos. CCOO y UGT interpusieron una demanda, solicitando la anulación de esta Orden, por entender que la aportación dineraria concedida era insuficiente. Dicha demanda fue interpuesta ante el orden jurisdiccional social, es decir, ante los órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo. Los sindicatos demandantes, por tanto, entendían que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical. En este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno.