La Junta moderniza el modelo de atención integral en las residencias

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer la conocida como ley residencial destinada a dotar a los centros de mayores, centros de día y centros de cuidados de larga duración de un nuevo modelo de atención integral centrado en la dignidad y derechos de las personas, calificada de «buena» por la Junta y el Grupo Popular y como una «mera declaración de intenciones» por la oposición socialista.

El proyecto de ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, compromiso de investidura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se aprobó en el pleno sin que el PP asumiera ninguna de las 122 enmiendas de PSOE, UPL-Soria Ya y de Francisco Igea que llegaron vivas al pleno.

Así, contó con el voto a favor de los socios de PP y Vox, en contra de PSOE, Podemos y Francisco Igea y con la abstención de UPL-Soria Ya y de Por Ávila, si bien tanto la titular de Familia como el popular Miguel Ángel García Nieto defendieron que la norma nace con un consenso básico institucional y social.

En la presentación de la ley, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó que la nueva regulación vinculará a centros públicos y privados con la finalidad de reforzar los derechos de las personas que viven en los centros residenciales y utilizan los centros de día, también en el medio rural.

Blanco desgranó ante el pleno los títulos de la norma dirigidos al respeto a la dignidad y los derechos de las personas en los cuidados que reciben y subrayó que se trata de que su estancia en los centros sea lo más parecido a los hogares con la organización en unidades de convivencia, con una ocupación máxima de 15 plazas, salvo para los privados con un máximo de 16. El Grupo Socialista defendió ante el plenario 69 enmiendas a través de Isabel Gonzalo, quien calificó de «chasco y oportunidad perdida» esta ley para los usuarios y lamentó que «no se haya aprendido nada» de la pandemia donde afirmó que, como en Madrid, fallecieron personas en las residencias sin recibir la atención debida. «Lo que traen es una mera declaración de intenciones, no han escuchado a nadie», definió. Gonzalo rechazó que el modelo centrado en la persona sea pionero de la Junta cuando existe en Europa y en otras comunidades, afirmó que la regulación «mira más al pasado que al futuro, sin compromisos» para el Ejecutivo, y subrayó que se debe aumentar el dinero a la dependencia, pero se reduce y se «hace caja» pese a contar con más dotación del Gobierno. «Es un modelo de bajo coste», valoró la socialista, que negó la existencia de consenso como afirmó la consejera y censuró que se ofrezca una atención integral sin los profesionales y sin establecer la ratio de los mismos, cuyo reglamento se emplaza a los ochos meses desde la entrada en vigor de la norma.