Lamenta que la salida de Cataluña del sistema de régimen común supondrá un perjuicio general
«No queremos las sobras de la financiación entre el Gobierno y los separatistas»
Carriedo cree que los criterios de despoblación «deben ser mejorados e incrementados»
Alfonso Fernández Mañueco junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Mañueco repite que agotará la legislatura
El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, sentenció ayer que Castilla y León no quiere las «sobras» de la financiación autonómica del pacto entre el Gobierno y los separatistas y exigió una negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reunirá el próximo 26 de febrero, «en condiciones de igualdad». «El Gobierno primero pacta con los separatistas y con lo que sobre, reúne al resto para repartirlo. No queremos las sobras», sentenció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Carlos Fernández Carriedo insistió en que el problema no es que el Ministerio de Hacienda rechace incluir la despoblación y la orografía en los criterios de reparto para el nuevo modelo de financiación, porque lo normal es que cada autonomía defienda unas variables, pero «siempre nos hemos puesto de acuerdo», dijo, para sentenciar que el «problema» es que «ya ha firmado un modelo» con los separatistas catalanes, que «quiere extrapolar y es perjudicial para España y muy perjudicial para Castilla y León». Carriedo incidió una y otra vez en que Castilla y León ya plasmó su postura sobre el modelo de financiación en su respuesta de enero de 2022, al documento elaborado por Hacienda que remitió a las autonomías en diciembre de 2021, donde dejó claro que que los criterios de despoblación «deberían verse establecidos, mejorados e incrementados», pero lo «novedosos» es que el Gobierno «ya va con una posición previa» en un acuerdo que quiere garantizar cumpliendo con separatistas que buscan «la salida de un territorio del sistema de régimen común y la creación de una agencia tributaria propia al margen de la estatal». «Esto supone un perjuicio general para España y para Castilla y León y es la novedad», repitió. El consejero portavoz recalcó que no es nuevo que cada territorio «haga hincapié en las variables de reparto» que mas le interesan, sino que «se trate de imponer la agenda pactada con los separatistas a todos y se plasme en un documento contrario a los intereses de España y de Castilla y León», informa Ical. Carlos Fernández Carriedo hizo pedagogía y recordó que el debate sobre el nuevo modelo se inició tras la salida de la crisis, tras haber caducado en 2014, cuando se constituyó un grupo de trabajo, con la designación de expertos, en el caso de Castilla y León, Jaime Rabanal, que fue consejero de Hacienda del PSOE en Asturias. El trabajo para avanzar en un modelo que midiese el coste efectivo de los servicios desembocó en un documento en 2018, donde se incluían variables adicionales como la orografía y la distribución territorial de la población. Así, sentenció que esas dos variables «no desaparecen» sino que «no las quiere incorporar» el Gobierno.