CC OO y UGT urgen a la Junta a financiar el Diálogo Social tras romper con Vox
Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla y León quieren recuperar con urgencia el camino perdido en el proceso del Diálogo Social durante los dos años de gobierno PP-Vox. El secretario general de CCOO en Castilla y León, hizo ayer un llamamiento a la consejera de industria, Comercio y Empleo, Leticia García, para que «acelere» el proceso de negociación de las mesas del Diálogo Social de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación, tanto en el plan anual de empleo como en la nueva estrategia integrada. Ambos dirigentes desgranaron sus retos para los próximos meses, entre los que se encuentra la plena recuperación del Diálogo Social tras la salida de Vox del Gobierno de la Comunidad. Óscar Lobo recordó que «ha habido años de dificultades» para el proceso de concertación en Castilla y León y están «en fase de intentar recuperar lo que ha sido y es una seña de identidad marcada por el Estatuto de Autonomía, el primero en el Estado español que lo reconoció». Cargó contra Vox porque lo quiso «dinamitar por todos los medios» y apuntó al reto de ambas organizaciones de «consolidarlo y extenderlo» con mesas abiertas sobre materias que son «cuestiones fundamentales y prioritarias para miles de trabajadores». Andrés insistió en que Vox quiso acabar con el Diálogo Social, que «se quebró en gran parte» y ahora el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «debe acelerar el proceso de recomposición». «Ahora es la prueba del algodón», dijo, para insistir en que los procesos de negociación con Empleo, «van muy lentos» para agregar que no sabe si la consejera «está jugando con los tiempos». «La consejera habla mucho de Diálogo Social, pero no se remata la faena. Exigimos una rápida negocian y que se convoque Comisión Permanente», dijo. Vicente Andrés precisó que hay cuatro mesas, que estarán en su conjunto al 30 por ciento en avances, con la de FP recientemente constituida, la de Igualdad con apenas una reunión de trabajo, y las de prevención de riesgos y empleo, «muy avanzadas». «El problema es que no se acompasa todo el proceso y no se atisba una fecha próxima para firmar el acuerdo global y lanzar así un mensaje de normalización del Diálogo Social», resumió. Lobo y Andrés consideraron que la prórroga de presupuestos no supone un impedimento para cerrar los acuerdos porque existen mecanismos para traspasar partidas de unos asientos a otros. Eso sí, Andrés recordó que han pedido al PSOE que hiciese un esfuerzo para aprobar unas nuevas cuentas, porque las prorrogadas «están trufadas de negacionismo del sindicalismo».
El informe de fiscalización sobre la contratación administrativa de la Junta en 2022, presentado este lunes ante las Cortes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, plantea como salvedades al cumplimiento de la legalidad una serie de deficiencias que afectan a los principios de publicidad y transparencia en los procedimientos. Ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, Amilivia ha defendido que la Junta cumplió «razonablemente con la legalidad aplicable» en 2022, con 2.829 expedientes por un importe contratado de 1.161 millones, pero ha desgranado una serie de conclusiones y recomendaciones que proponen cambios para mejorar la gestión realizada. En concreto, Amilivia ha indicado que a la hora de acreditar la solvencia económica y financiera de los contratistas o incluso para detectar ofertas con valores anormales o desproporcionados, los medios establecidos por las Consejerías «no se adecúan al principio de proporcionalidad o no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público». Además, ha alertado de la falta de motivación en la puntuación asignada a los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor, al no justificar las cuatro diferencias de valoración entre las ofertas. Del mismo modo, ha afeado el hecho de introducir aspectos no previstos inicialmente en el pliego de cláusulas administrativas particulares o no aportar los informes técnicos de valoración de las ofertas. En tercer lugar, el abono de anticipos a cuenta por operaciones preparatorias y acopios, según el informe, no se ha calculado conforme a la normativa, se ha producido una paralización de la ejecución o se ha incumplido notoriamente el plan de devolución. Además, no se han acreditado suficientemente las causas de las modificaciones de los contratos u otras incidencias relacionadas con los modificados, plantea el informe del Consejo de Cuentas. Amilivia ha agregado que, en algunos casos falta el acta de recepción o no cuenta con las formalidades y los plazos señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
