El sindicato UGT considera que los políticos de Vox se saltaron la ley «a conciencia»
Una nueva sentencia del TSJ da la razón ahora a UGT contra los recortes de Vox
El sindicato exige que Veganzones y Juan García-Gallardo se encarguen de pagar las costas
Javier Lobo, ayer en la rueda de prensa de UGT en Valladolid.
Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a favor de UGT contra los «ilegales» recortes de Vox cuando estaba en la Junta en 2023, «cierra el círculo y remata el proceso judicial de los sindicatos de clase contra las tropelías y abusos de poder de la extrema derecha», afirmó hoy el secretario general de los ugetistas en la Comunidad, Óscar Lobo.
El fallo declara «ilegal» el recorte de las subvenciones por representación institucional de los sindicatos aprobada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en 2023, cuando estaba dirigida por Mariano Veganzones, uno de los consejeros de Vox en el gobierno de coalición con el PP. El auto, tras el conocido la semana pasada a favor de CCOO en el mismo sentido, reconoce a UGT el derecho a percibir 1,23 millones de euros con su actualización al IPC, como destacó Lobo, quien trasladó su «importante grado de satisfacción» por el resultado judicial, informa Ical. «Estas dos sentencias cierran una etapa negra en Castilla y León», afirmó.
Lobo manifestó que el TSJCyL condena a la Junta a abonar las costas, sin especificar la cuantía, pero defendió que deberían ser pagadas por Mariano Veganzones y el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, porque que fueron los que comparecieron en julio de 2022, para anunciar los recortes, «conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad». «Se saltaron la ley a conciencia, con propósito e interés», dijo. Lobo criticó asimismo la presencia este fin de semana de Santiago Abascal en Valladolid, con dos sentencias en contra de su formación, porque «deberían estar escondidos y explicar quién va a pagar las costas por su ilegalidad».
Óscar Lobo precisó que la sentencia concreta que el sindicato tendrá que percibir 743.000 euros, porque en su día ya recibió 494.000 de una subvención directa por representación institucional incluida en los presupuestos.
En este sentido, el dirigente de UGT constató que la sentencia del TSJ confirma que esas ayudas eran «legales», algo que rechazó CCOO, quien no aceptó la cuantía en su día, por no constar como nominativas como establece la ley del Diálogo Social.
El secretario general de UGT explicó que en su momento, el 22 de mayo de 2023, pidieron a la fiscalía que aclarase si la subvención directa aprobada por Veganzones era legal o no, y estuvieron esperando respuesta siete meses, sin recibirla, para decidir asumir esa cuantía. Al respecto, recordó que «no fue entendido en algunos ámbitos de la izquierda» que aceptaran la subvención recortada.