Carriedo denuncia que Hacienda utiliza la quita de la deuda para controlar las operaciones crediticias de las comunidades
“Desgraciadamente no nos ha informado a nosotros”, afirma el consejero de Economía y Hacienda
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, criticó ayer que el Ministerio de Hacienda aproveche el anteproyecto de ley de condonación de la deuda para modificar a través de una disposición final la ley de financiación de las comunidades de 1980, lo que le aseguraría el control de las operaciones crediticias de las autonomías con la banca.
«Desgraciadamente no nos ha informado a nosotros», dijo Fernández Carriedo, en relación a que el Ministerio aproveche la norma que regula la quita de la deuda para introducir la autorización del Estado para financiar las necesidades derivadas de los objetivos de estabilidad presupuestaria, incluidas las relacionadas con las desviaciones de déficit público.
Ayer, Fernández Carriedo, que intervino en el acto de inicio del curso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid (UVa), recriminó a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negocie con los separatistas la condonación de la deuda de las comunidades y el «cupo», algo que insistió «sólo interesa» a estos partidos y no al resto.
«Nos oponemos radicalmente», reiteró el titular de Economía y Hacienda, y señaló que la Junta, como otras comunidades, incluso de distinto signo político, defiende la «igualdad» y la «solidaridad» en la financiación, frente a los postulados de los separatistas, si bien lamentó que esto sirve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «estar un poco más» en La Moncloa.
Los gobiernos populares no ven ninguna ventaja a que el Estado asuma 56.456 millones de euros de deuda de Castilla y León (3.643millones), Andalucía (18.791), Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644), Galicia (4.010), Murcia (3.318), Aragón (2.124), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Cantabria (809) y La Rioja (448).
No lo ven porque interpretan que el artículo 10.1 del anteproyecto aprobado por el Gobierno les impide destinar el ahorro derivado de esa quita a gasto social al establecer que la operación «será neutral a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto de cada subsector y de las comunidades autónomas destinatarias».
Todo lo contrario que Hacienda, que explica que ese artículo dice que se tiene que cumplir con las reglas fiscales, como cualquier ingreso.