Vox logra la tramitación de la ley de protección del campo frente a renovables
La oposición se une para defender la necesidad de ordenar la instalación de parques 'verdes'
Imagen de los procuradores socialistas en las Cortes.
Las Cortes tomaron ayer en consideración la proposición de ley de Vox sobre la protección del patrimonio agrario y paisajístico frente al despliegue de las energías renovables, para lo que propone una moratoria de un año en los proyectos con el objetivo de ordenar su instalación. Todos los grupos de la oposición respaldaron con su voto afirmativo que se iniciara la tramitación de una norma, a la que se opone la Junta al entender que tendría un impacto sobre los ingresos y los gastos, si bien el Grupo Popular, que rechazó la iniciativa, se abstuvo junto a los procuradores Javier Teira y Ana Rosa Hernando.
De esta forma, la iniciativa legislativa de Vox pasará a la comisión parlamentaria correspondiente para que se tramite con la apertura del plazo de presentación de enmiendas, que una vez revisadas y debatidas, tendrá que volver al pleno, si bien faltan poco más de dos meses para que termine este periodo de sesiones y, previsiblemente, la legislatura, con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones autonómicas.
El viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez, defendió la necesidad de una ley que evite la proliferación sin planificación de una “multitud” de instalaciones de energías renovables, ya que consideró que esto supone un “ataque” al medio rural. Además aclaró que no se oponen a las energías ‘verdes’, pero señaló que el liderazgo de la Comunidad “no aporta nada”, más allá de incrementar la recaudación fiscal de la Junta.
Menéndez insistió en que la proposición era “breve”, “clara” y “precisa” porque no pretenden generar “páginas de burocracia”, sino actuar con urgencia porque a su juicio los criterios para la autorización de plantas no son suficientes y, puso de ejemplo, la limitación aprobada por el PP en La Rioja. De esta forma, defendió la moratoria “temporal” durante un año de los procedimientos administrativos de reconocimiento de utilidad pública vinculados a los proyectos para elaborar un mapa de afección medioambiental y usos del suelo, que recordó no incluye a las instalaciones de autoconsumo.
“No es un capricho”, señaló el proponente de Vox, sino una “exigencia democrática” porque a su juicio ningún parlamento debe ser “rehén” de los intereses económicos del ejecutivo y añadió que no se trata de un “ataque” a las renovables», sino de la defensa del campo desde el “sentido común”. “Castilla y León merece un desarrollo ordenado, equilibrado y respetuoso con su paisaje y con los castellanos y leoneses”, sentenció.
La ‘popular’ Lorena de la Fuente advirtió de las consecuencias de la propuesta de Vox, que recordó recogen los dos informes contrarios de la Junta, que se ha opuesto a la tramitación de esta ley. De esta forma, afeó a los de Santiago Abascal que vayan de la “manita” con los socialistas para llevar a pleno esta proposición y dejar para otra sesión la referida a las tasas veterinarias. De esta forma, señaló que si se aprueba la ley, tal y como está, supondrá la pérdida de 300 millones en ingresos puesto que se están tramitando unos 5.000 megavatios, que advirtió terminarán instalándose en otras provincias.
El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, defendió que se debata sobre esta norma que propone Vox, aunque le reprochó que no se aceptara su moción sobre la consulta relacionada con la autonomía leonesa. Además, explicó que están a favor de las renovables, pero señaló que no puede ser la “solución para todo” y llenar el medio rural de parques eólicos o solares, creando un “conflicto” con el sector agrario.
“Arrepentidos los quiere Dios”, dijo el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández a los dirigentes de Vox, a los que confirmó su apoyo a la iniciativa. “Renovables sí, pero no así”, afirmó para demandar un plan «ordenado» y «razonable».