Las elecciones autonómicas de Castilla y León implican a 176.000 electores en el exterior
El consejero de la Presidencia informa de que ya hay una aplicación informática para dar soporte a los pagos de los distintos actores
El voto por correo, como en anteriores elecciones, ya no es subrogado.
La Junta de Castilla y León remitirá por primera vez en las elecciones autonómicas de 2026 la documentación electoral a 176.000 castellanos y leoneses residentes en el exterior, cuyo voto deja de ser rogado. Para ello, la Consejería de la Presidencia está organizando, en coordinación con la Oficina del Censo Electoral, la gestión tanto del voto de los electores del Censo de Españoles Residentes Ausentes, como del que se emite por correo.
Así lo trasladó hoy el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que compareció este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su departamento y a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.
En ese sentido, el titular de la Presidencia explicó que el capítulo dos, destinado a gastos en bienes y servicios, incrementa su dotación en las nuevas cuentas hasta los 15,13 millones, principalmente porque está prevista la celebración de las próximas elecciones a las Cortes. De momento, como informó Ical este sábado, ya se ha adjudicado el contrato de 5,15 millones para la recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados.
De igual manera, González Gago indicó que tramitarán también el contrato necesario para la adquisición del material que requiere cualquier proceso electoral: impresos, actas, papeletas, sobres o material para las mesas electorales. Además, ya se ha diseñado e implementado una aplicación informática para dar soporte a la tramitación de los pagos correspondientes a la participación de los distintos actores del proceso electoral.
Igualmente, el consejero explicó que se celebran reuniones “periódicas” de coordinación con las delegaciones territoriales, con la Oficina del Censo Electoral, con representantes de los secretarios de ayuntamientos, y con todos los actores intervinientes en el proceso.