La Junta retira el proyecto de ley de violencia al constatar el 'no' del PSOE
Fernández Carriedo asegura que la nueva norma contra el machismo debe nacer del «consenso»
El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
La Junta acordó retirar el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León que se tramitaba en las Cortes al constatar el voto en contra y rechazo del PSOE. Esta renuncia a renovar la normativa se produce horas antes de que se reuniera la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidad que iba a debatir y votar las enmiendas parciales y el texto final que debía remitirse al pleno de la cámara.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comunicó la decisión adoptada por la Junta, de acuerdo al artículo 124 del Reglamento de las Cortes, al no contar con una mayoría suficiente en el parlamento. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo ordena la retirada de un proyecto de ley, si bien la disposición es recuperarlo en la próxima legislatura, tras las próximas elecciones de marzo.
«No nos queda más remedio que asumir este no», dijo Fernández Carriedo, quien añadió: «No ha podido ser». Tras notificar el acuerdo del Consejo de Gobierno a las Cortes, explicó que la retirada del proyecto de ley obedece a la posición expresada este miércoles por la viceportavoz socialista Nuria Rubio, quien advirtió al PP y la Junta de que si no se aceptaban parte de sus enmiendas, que consideró «líneas rojas», no apoyarían la reforma legal del Ejecutivo autonómico.
Asimismo, el portavoz de la Junta aludió a que los socialistas decidieron no acudir a la última reunión de la ponencia, celebrada el pasado viernes, 28 de noviembre, y envió un escrito en el que renunciaba a defender sus enmiendas, avanzaban que no acudirían a más reuniones y que si no se asumían sus propuestas no iban a apoyar la aprobación del texto. De hecho, llegó a señalar que anticiparon su «voto en contra», a pesar de que aseguró se habían transaccionado el 40 por ciento de sus enmiendas.
Por tanto, recalcó que debe ser el Grupo Socialista el que explique por qué ha decidido «bloquear» la ley. «Claro que no se entiende», dijo, lo que ha hecho, tras no presentar una enmienda a la totalidad. Además, indicó que con su «no» se une a Vox, partido que desde el inicio no ha apoyado la regulación sobre violencia de género, para derribar la iniciativa legislativa. Por ello, defendió que «carecía de sentido» esperar a la celebración de la comisión parlamentaria que iba a debatir y votar las enmiendas.
El anteproyecto, aprobado el 9 de enero por el Consejo de Gobierno, tipificaba nuevas formas de agresión como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden, y completa la red de atención y protección con los centros de crisis «Atiendo». De acuerdo a los informes que lo acompañan, su aplicación iba a suponer un coste total de 14,26 millones de euros al año.
En conjunto, el proyecto de ley, que no recibió ninguna enmienda a la totalidad, contó sin embargo con 279 enmiendas parciales al articulado, calificadas en mayo por la Mesa de la Comisión de Familia. De ellas, 103 corresponden al Grupo Socialista, siete al Popular, 37 a UPL, 33 a Soria Ya, 57 a Pablo Fernández y 42 a Francisco Igea. Vox no presentó ninguna puesto que rechaza de plano la ley, por lo que ya ha avanzado su oposición.
La modificación de la actual norma, aprobada en noviembre de 2010, hace algo más de 15 años, se inició en el último mandato de Juan Vicente Herrera, para lo que se conformó una comisión especial en las Cortes. El primer gobierno de Alfonso Fernández Mañueco retomó la reforma en su primer gabinete de coalición con Ciudadanos, si bien el adelanto electoral de diciembre de 2021 impidió completar la tramitación.
En esta legislatura que está a punto de terminar, la Junta comprometió la ley y recuperó el texto anterior, si bien no lo registró en las Cortes hasta enero de este año.