Plante de CyL y las comunidades del PP al pacto de financiación precocinado con ERC

No rotundo y sin fisuras de los gobiernos regionales del PP al nuevo modelo de financiación autonómica «precocinado» con Esquerra que les trasladó este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Las once comunidades gobernadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo reiteran que el sistema es «otro parche», denuncian que la ordinalidad «solo se garantiza y respeta en el caso de Cataluña» y amenazan con acudir a los tribunales si ese diseño acaba plasmado en una ley orgánica. «No nos ha dado ninguna explicación de dónde salen las cifras de un modelo diseñado a la carta a nuestras espaldas y que solo ha dejado contento a Cataluña», afirmó Miguel Corgos, el consejero económico de la Xunta, a la salida de la reunión.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, lamentó que el Gobierno de España utilice la financiación autonómica para pagar «un precio político» a sus «socios separatistas» y recordó que el «dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios públicos de todos los españoles».

Carriedo señaló la convicción de que «el dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios públicos de todos los españoles». «Nos jugamos mucho en la financiación autonómica porque estamos hablando de cómo se financia la sanidad, la educación, los servicios sociales y otra serie de servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas», defendió Carriedo que hizo hincapié en que el presidente no puede utilizar la financiación «como instrumento de pago de un precio político para compensar a sus socios separatistas».

Por otro lado, señaló que desde el Gobierno de Castilla y León siempre se ha defendido «que aquello que afecta a todos tiene que ser negociado entre todos». «Si afecta a todas las comunidades autónomas, tiene que ser negociado contando con todas las comunidades autónomas y hemos visto que se ha negociado sin contar con ninguna comunidad autónoma porque se ha negociado con una persona que no forma parte del Gobierno de una comunidad autónoma», explicó el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Sobre este punto recordó que Junqueras solo es «el secretario general de un partido separatista» y el acuerdo con Hacienda es «el pago de un precio político a cambio de unos apoyos parlamentarios».

Carriedo aún fue más allá al asegurar que mientras el Gobierno les negaba a la regiones la existencia de algún documento sobre la reforma de la financiación en un Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada en noviembre, ahora se ha conocido que ya había «reuniones previas entre el presidente del Gobierno y Oriol Junqueras». Por eso, para el dirigente castellano y leonés este modelo de financiación «no está pensado para el interés general de los españoles, sino que solo está al servicio de la compensación de sus socios separatistas y por eso es un modelo que es malo para el conjunto de España y también es malo para Castilla y León».

Ayer, Montero trasladó a los consejeros a puerta cerrada que la adscripción al nuevo sistema será «voluntaria», es decir, que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el anterior. Aunque esa prerrogativa no es nueva y ya aparece en la actual ley orgánica de Financiación aprobada en el 2009. Pero todo quedará en papel mojado si Junts cumple su amenaza y tumba en el Congreso. «Es un modelo pergeñado para satisfacer los anhelos de un señor», señaló el consejero murciano, Luis Alberto Marín.

Las regiones del PP pidieron a la ministra de Hacienda que «recapacite» y que vuelva a la senda de la multilateralidad porque «esto no es un pacto de financiación autonómica, es un acuerdo político centrado en que Cataluña necesita dinero y en que Andalucía tiene que recibir más porque Montero tiene elecciones allí». «Se ha sacado un conejo de la chistera», reconocen en una de las comunidades gobernadas por el partido conservador. «Ha tenido siete años para reformar el modelo y justo lo hace a las puertas de las elecciones en Andalucía donde es candidata», critican en la dirección nacional.

Los populares están preparando su propia propuesta, que como avanzó el sábado el secretario general, Miguel Tellado, se comprometen a poner en marcha en el primer año de Gobierno de Feijóo, en línea con las bases que el líder del PP y sus barones firmaron en Madrid en septiembre de 2024, aunque, de momento solo es un esbozo general. Un buen modelo, apuntan en el equipo económico de Feijóo, es el que deja insatisfechas "el 100%" de las exigencias de una comunidad para alcanzar un acuerdo alrededor "del 85 o 90%" de todas. "La supervivencia política de Sánchez no puede llevarse por delante el bienestar, el desarrollo y, en definitiva, el futuro y la igualdad de todos los españoles", insisten en el PP.

"Montero e ha quedado sola" 

 El líder de los populares reunirá el domingo de nuevo a sus barones en Zaragoza, a las puertas de la campaña electoral en Aragón, para conjurarse contra un modelo que intenta imponer el Gobierno y que "golpea los principios de igualdad y solidaridad" y que "rompe la cohesión de las comunidades y de los servicios que prestan a los ciudadanos". "Montero se ha quedado sola", apuntan en Génova tras el rechazo mayoritario a la propuesta, también expresado por Castilla-La Mancha y Asturias, lideradas por los socialistas.

El propio presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha pedido directamente la retirada de la propuesta al ser fruto de "un chantaje". En el PP insisten en que "no bastan las palabras, se necesitan hechos" y ponen el foco en lo que harán los diputados de Castilla-La Mancha y Asturias cuando se debata y vote en el Congreso el nuevo sistema. "Queremos ver a Emiliano García Page y a Adrián Barbón alzando la voz y rechazando una negociación que se ha hecho de espaldas de las comunidades y un modelo de financiación que quiebra la igualdad de los ciudadanos que les han votado", aseveran.