Se trata del segundo porcentaje más bajo del país solo por detrás de Galicia

La empresa privada asume en la comunidad el 81% de las inversiones

El sector privado es responsable del 79,8% del VAB autonómico, frente a una media en España del 82,7%

Imagen de Santiago Aparicio junto al presidente de la Fele en León, Juan María Vallejo.efe

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Agencias
Valladolid

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Castilla y León es la segunda autonomía española en la que las empresas privadas asumen un menor porcentaje de la inversión total acometida en el territorio; y la cuarta por la cola en aportación al VAB de estas actividades. El Barómetro 2026 del Ivie sobre contribución del empresario a la sociedad, precisa que el porcentaje de inversión ejecutada por las empresas privadas se situó en 2024 en la Comunidad, en el 81 por ciento del total, un porcentaje que solo superó al 79,9 por ciento de Galicia, lejos del 88,8 por ciento de la media nacional. A la cabeza del peso de la inversión empresarial aparece Asturias, con un 94,6 por ciento; seguida por Baleares, 92,7 por ciento; Madrid, 92,4 por ciento, y Canarias, 92,2 por ciento, como recoge Ical. Por encima de la media nacional también se situaron Valencia, 91,9 por ciento; Navarra, 91,7 por ciento; Murcia, 90,8 por ciento; La rioja, 90,2 por ciento; País Vasco, 89,2 por ciento; y Castilla-La Mancha, 89,1 por ciento.

Por debajo de la media nacional, con los datos de las empresas privadas, que incluyen los sectores no asignados a las administraciones y la educación y la sanidad públicas, se situaron Cantabria, 87,5 por ciento; Andalucía, 87,4 por ciento; Cataluña, 86,8 por ciento; Extremadura, 83,8 por ciento; y Aragón, 81,9 por ciento, para cerrar Castilla y León y Galicia.

El estudio también pone de relieve que el sector privado de la Comunidad aportó en 2024 el 79,8 por ciento del VAB autonómico, solo por encima del Andalucía, 79,5 por ciento; Canarias, 79,3 por ciento; y Extremadura, 75,4 por ciento; y muy lejos del 82,7 por ciento de la media en España. Las autonomías en las que las empresas privadas aportan más al VAB fueron Baleares, 85,4 por ciento; Madrid, 85,3 por ciento; Cataluña, 85,2 por ciento; Navarra, 83,8 por ciento; y Valencia, 82,9 por ciento, todas por encima de la media nacional.

otros casos

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En su análisis de la aportación empresarial a la sociedad, el informe también ofrece datos de la inversión en TIC y en activos intangibles, aunque con cifras de 2021. En este sentido, precisa que en Castilla y León, las inversiones privadas ese año en hardware, software y tecnologías de telecomunicación, supusieron el 86,2 por ciento del total acometidas en la Comunidad en TIC, por debajo de la media del 89,9 por ciento de España. A la cabeza de desembolso privado en TIC se situaron las empresas de Castilla-La Mancha, que asumieron el 95,2 por ciento del total, y a la cola, las de Galicia, con el 80,8 por ciento. Por último, cabe destacar que el porcentaje de inversión en activos intangibles ejecutado por las empresas privadas en la Comunidad, se situó en 2021, en el 92 por ciento, inferior también a la media.

El sector privado de la Comunidad aportó en 2024 el 79,8 por ciento del VAB autonómico

110.000 horas extra sin pagar por semana

CCOO denuncia que los trabajadores de Castilla y León realizaron 110.000 horas extra no pagadas a la semana en 2025, lo que equivaldría a 2.700 empleos a jornada completa. En términos anuales, esta práctica supuso, según los cálculos del sindicato, una pérdida de 130 millones de euros entre salarios, impuestos directos y cotizaciones sociales, lo que equivale a una media de 6.717 euros por persona afectada. El secretario de Acción Sindical, Fernando Fraile, destacó que a pesar de que se aprobó una normativa específica «como el registro obligatorio de la jornada de trabajo», las empresas «siguen realizando prácticas ilegales». Fraile denunció que «el alargamiento de la jornada también empeora la salud de las personas trabajadoras y supone un coste extra a la sanidad pública, como recoge Ical. En este contexto, reclamó «un endurecimiento del control horario, para que sea más fiable, objetivo y accesible para la inspección de trabajo».Fernando Fraile criticó también que mientras las empresas se dedican a utilizar el término absentismo de «manera malintencionada y perversa», cuando se refieren a las ausencias de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo en el ejercicio de derechos establecidos en las leyes laborales y los convenios colectivos; la patronal «esconde la realización de jornadas fraudulentas», es decir, prolongaciones de jornada que «no se paga a las personas trabajadoras, ni se cotizan a la seguridad social, ni se tributan a la agencia tributaria». Las 19.400 personas que realizaron horas extras no pagadas trabajaron un promedio de 5,7 horas extras.