Mañueco exige una financiación multilateral y sin «privilegios»
Envía una carta al ministro Arcadi España en la que le aseguró que cuenta con su mano tendida
El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta de bienvenida al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España García, en la que ha reiterado la necesidad de abordar un modelo de financiación autonómica «justo» y negociado de forma multilateral. El Ejecutivo autonómico ha mostrado su «mano tendida» al nuevo titular de la cartera, aunque ha condicionado el éxito del diálogo a que el Gobierno central renuncie a los acuerdos previos con fuerzas independentistas. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha avisado este jueves al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, de que el Ejecutivo autonómico mantiene su rechazo al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los pasos que puede dar el ministro en materia de financiación autonómica, Carriedo ha explicado que la posición no ha cambiado al observar que siguen quebrados los principios de solidaridad e igualdad entre autonomías. Ha explicado que el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, envió una carta de bienvenida al nuevo ministro, a quien deseó éxitos y ofreció «mano tendida». Sin embargo, ha indicado que en esa misma carta Mañueco ya adelantó a Arcadi España que la Junta mantiene su rechazo al modelo planteado porque no plantea una financiación «justa, en condiciones de igualdad, que garantice la solidaridad» entre territorios. Sobre el origen de esta propuesta de financiación del Gobierno, que ha vinculado con el acuerdo con ERC, Carriedo ha argumentado que Castilla y León es «igual de importante, incluso más», que la posición pactada con el dirigente del partido republicano, Oriol Junqueras, ya que no representa a una administración pública ni es miembro de la Generalitat de Cataluña. «No creemos que sea el mecanismo adecuado», ha resumido el consejero.