la Junta acepta el plan de vivienda y luego anuncia que lo quiere impugnar
Suárez-Quiñones avanza que los servicios jurídicos estudian las «brechas» del plan.El Gobierno movilizará 378 millones para CyL hasta el año 2030, siete mil millones en todo el país
Suárez-Quiñones saluda a la ministra de Vivienda, ayer, en Madrid.
El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirmó ayer a la salida de la Conferencia Sectorial de Vivienda que la Administración autonómica se encuentra estudiando jurídicamente las vías de impugnación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ante la justicia contencioso-administrativa.
Señaló que, pese al voto favorable de las comunidades autónomas a los criterios de reparto de fondos «para garantizar la llegada de los recursos económicos a los ciudadanos», el encuentro con la ministra, Isabel Rodríguez, ha evidenciado una valoración «muy crítica» por la «inmensa mayoría» de las autonomías respecto a la confección, el contenido y la exigencia de una cofinanciación superior impuesta por el Gobierno central.
«Nosotros también, desde Castilla y León, estamos estudiando jurídicamente las distintas brechas que tiene el texto. Brechas puestas de manifiesto por el Consejo de Estado, por la Abogacía del Estado y por órganos estatales técnicos que han puesto de manifiesto los numerosos elementos incorrectos», y precisó que la decisión final de acudir a los tribunales se guiará «exclusivamente por la eficacia y el beneficio de los ciudadanos de Castilla y León, y no por móviles políticos».
Durante la comparecencia ante los medios tras su salida de la Conferencia Sectorial, el consejero lamentó el desarrollo de una reunión que calificó de «no fácil» para la ministra, reprochando que el Ejecutivo central trate a las comunidades como agentes secundarios a pesar de ser las poseedoras de las competencias exclusivas y las encargadas de ejecutar los presupuestos. Así censuró que el Ministerio considere a las regiones «como enemigas cuando somos colaboradoras en la política de vivienda y, entre otras cosas, somos las que ponemos dinero y las que vamos a ejecutar esa política», incidiendo, como ya hiciera a su llegada, en que no se ha facilitado el acceso al texto definitivo del plan antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Advirtió de que las dinámicas basadas en la unilateralidad y la falta de concertación institucional no conducen a resultados óptimos en la gestión pública, asegurando que «no se puede actuar con prepotencia». «Cuanto más sumemos, cuanto más colaboremos y cuanto más trabajemos de forma conjunta, mejor será la respuesta a favor del ciudadano», subrayó.
El Gobierno de España movilizará 378 millones de euros para Castilla y León hasta el año 2030 para la implantación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, acordado ayer por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, que estuvo presidida por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
El nuevo plan, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros en todo el país, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En este primer año, a Castilla y León le corresponde una asignación de 43,2 millones de euros.
En el transcurso de la Conferencia Sectorial también se analizó el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado de forma parcial el Real Decreto 1312/2024 de arrendamientos de corta duración. Suárez-Quiñones utilizó este fallo judicial para efectuar un paralelismo del proceder ministerial en materia de vivienda, señalando que la resolución judicial es «un elemento más de cómo la unilateralidad, hacer las cosas sin contar con las comunidades, sin colaborar con ellas, pues conlleva pasarse de frenada y por lo tanto dictar una norma que le corresponde a las comunidades autónomas».