La Junta exige que se explique si hubo un chivatazo a Carlos Martínez sobre Soria

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió ayer «explicaciones» ante la posibilidad de que alguien del Gobierno de Pedro Sánchez diera información «privilegiada» y «con antelación» al secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, sobre los registros practicados ayer, uno de ellos en el Ayuntamiento de Soria, que se saldaron con seis detenciones, entre ellas la de la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos.

«Eso me parece gravísimo», afirmó Fernández Mañueco minutos antes de participar en el acto conmemorativo del «Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo de Castilla y León», que se celebra este miércoles en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

El presidente de la Junta y del PPCyL se refirió a las declaraciones del secretario general del PSCyL y exalcalde de Soria al diario El País, en las que inicialmente afirmaba que había conocido este lunes el registro que se llevó a cabo este martes por un presunto delito menor de tráfico de influencias. Posteriormente, el medio de comunicación rectificó esta información para recoger que había tenido constancia de la actuación de la Guardia Civil el martes.

También el PSOE aclaró en un comunicado posterior que Carlos Martínez se enteró el martes de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento, y no el día anterior como figuraba «erróneamente» en un medio de comunicación. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a Fernández Mañueco, quien consideró que es «todavía mucho más grave» que desde el Gobierno se lo hubiera avisado con antelación.

Desde el «respeto absoluto» a la presunción de inocencia, el presidente de la Junta y del PPCyL aseguró que los hechos conocidos son «extremadamente graves», por lo que a su juicio «alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido» en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por Carlos Martínez durante 19 años, ya que dejó su cargo en abril para convertirse de nuevo en procurador y portavoz socialista en las Cortes.

También la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, exigió a Martínez que aclare «quién» y «cuándo» le dio el «chivatazo» sobre el registro practicado ayer en el Ayuntamiento de Soria durante once horas y que se saldó con seis detenciones, entre ellas la de la concejala de Comercio y Turismo, Yolanda Santos. De no hacerlo, aseguró que debe responder con su cargo ya que podría, además, haberse producido una violación del secreto sumarial al revelarse las actuaciones judiciales. «Huele a chivatazo», aseguró Leticia García en su comparecencia de este miércoles en las Cortes.

La actuación judicial, que se encuentra bajo secreto y que continúa abierta, investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Este miércoles cinco de los detenidos fueron puestos en libertad y la concejala de Soria, ha pasado a disposición judicial.

Vox se querella para que se investigue el caso

Vox presentó una querella criminal ante los juzgados de Soria para que se investigue una presunta filtración de información relacionada con el registro practicado por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de la capital soriana. La formación pidió que Carlos Martínez preste declaración para precisar quién le informó del operativo, cuándo recibió esa comunicación y por qué medio se produjo.

La iniciativa judicial se produjo después de que el líder del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, manifestara en una entrevista publicada por el diario El País que conocía con antelación que los agentes iban a acudir al consistorio y el objeto de la investigación, según sostiene la formación política en su escrito.

Vox considera que, de confirmarse los hechos, podrían «ser constitutivos» de un delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público, tipificado en el artículo 417 del Código Penal. La formación argumentó que el conocimiento previo de una entrada y registro judicial constituye una información «especialmente sensible» cuya divulgación podría comprometer el desarrollo de una investigación penal.