CyL afronta un coste de 4.234 millones de euros por las bajas laborales, un 62% más
El gasto estimado de la incapacidad temporal ya representa el 5,7% del PIB autonómico
El consejero de Economía, Carlos F. Carriedo.
La incapacidad temporal (IT) se convirtió en un coste creciente para Castilla y León. El impacto económico estimado de las bajas laborales alcanzó en 2024 los 4.234 millones de euros, una cifra equivalente al 5,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad y que supone un incremento del 62 por ciento respecto a 2018. El dato refleja la dimensión que adquirieron las ausencias del trabajo por motivos de salud y se sitúa entre los principales indicadores del deterioro registrados durante los últimos años, según las fichas regionales sobre incapacidad temporal y siniestralidad publicadas por Umivale Activa y el Ivie .
El informe sobre las ausencias por incapacidad temporal en Castilla y León señala que durante 2024 una media de 49.000 trabajadores se ausentó cada día de su puesto de trabajo debido a una baja. En términos individuales se traduce en una media de 22 días de ausencia al año por trabajador, frente a los 14 días registrados en 2018.
En conjunto, la Comunidad perdió en 2024 el 5,92 por ciento de sus jornadas laborales potenciales de incapacidad temporal, prácticamente en línea con el 5,94 por ciento de la media nacional. Sin embargo, el indicador regional experimentó un fuerte crecimiento en los últimos seis años, con un aumento del 50,5 por ciento respecto a 2018.
La evolución también se aprecia en el número de procesos iniciados. La incidencia alcanzó en 2024 los 367 procesos por cada 1.000 trabajadores, un 34,4 por ciento más que en 2018. Además, Castilla y León cerró el año con 59,5 bajas activas por cada 1.000 trabajadores, más de un 49 por ciento por encima del dato registrado seis años antes.
Las diferencias entre provincias son también significativos. Palencia, con un 7,39 por ciento de jornadas potenciales perdidas, presentó el mayor nivel de ausencias por incapacidad temporal de Castilla y León, seguida muy de cerca por León, con un 7,37 por ciento. En el extremo contrario se situó Zamora, con un 4,81 por ciento.
Uno de los principales elementos que explican el coste de la incapacidad temporal es la duración de los procesos. Las bajas de más de 365 días representan el 6 por ciento del total de procesos, pero concentran el 28 por ciento de las jornadas laborales perdidas. Además, estos procesos explican el 39 por ciento del incremento de las jornadas perdidas desde 2018.
El peso de las bajas prolongadas también aumentó. A finales de 2024, el 15 por ciento de los procesos activos llevaba más de un año de duración, frente al 11,1 por ciento registrado en 2018. La prevalencia de estas bajas alcanzó los 8,9 procesos por cada 1.000 trabajadores, el doble que seis años antes.
El problema no termina necesariamente con la recuperación del trabajador. El informe apunta que el 26,8 por ciento de las bajas de más de un año finaliza con una declaración de incapacidad permanente. Las diferencias territoriales vuelven a ser relevantes: Segovia registra el porcentaje más elevado, con un 40,1 por ciento de los procesos de larga duración que terminan en incapacidad permanente, mientras que Zamora presenta el menor, con un 17,6 por ciento.