Diario de León

La Junta presenta alegaciones al Real Decreto de centros de datos

Piden normas regulatorias «equilibradas" para no perjudicar a la investigación

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral.NACHO GALLEGO

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Agencias
Valladolid

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Las consejerías de Medio Ambiente y Energía y de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial han presentado alegaciones al borrador de Real Decreto del Gobierno para regular de forma más estricta los centros de datos al considerar que la norma, tal y como está planteada, «frena inversiones futuras» en la Comunidad y pone en riesgo proyectos ya en marcha.

Asimismo, ambas consejerías de la Junta de Castilla y León considera que puede perjudicar a centros públicos, científicos y de investigación por lo que en las alegaciones formuladas se piden normas regulatorias «equilibradas y coherentes», ya que las condiciones planteadas son inasumibles e impiden en la práctica la instalación de nuevos centros o ponen en peligro proyectos que ya han invertido. Uno de los principales problemas que plantea el proyecto es que obliga a los centros a cubrir el 80 por cienti de su consumo eléctrico con determinadas fuentes renovables y, además, a demostrar ese porcentaje hora a hora.

Esto resulta «especialmente difícil» para instalaciones que necesitan funcionar de forma continua, mientras que la producción solar y eólica no es constante durante todo el día, como han asegurado desde el Gobierno regional, que considera que debe permitirse utilizar también otras soluciones, como el almacenamiento de energía o la gestión flexible del consumo.

Asimismo, la Junta rechaza que estas nuevas exigencias puedan aplicarse a proyectos que ya están en marcha y no ve «razonable cambiar las reglas» cuando una empresa o una administración ya ha comprado terrenos, realizado inversiones, obtenido permisos o puesto en marcha una actuación.

Otro de los puntos especialmente cuestionados son las penalizaciones previstas, que pueden llegar hasta el 500 por ciento además de que la Junta cree que una norma «excesivamente restrictiva» puede hacer que las inversiones se vayan a otros países que ofrecen condiciones más competitivas.

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