Choque en las Cortes entre la Junta y el PSOE por la crisis migratoria y del campo
Mañueco anuncia el pago histórico de la PAC a 50.000 productores y defiende su gestión
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presumió ayer de estar «al lado» de la gente del campo y destacó que su Gobierno cuenta con el «respaldo» de los agricultores y ganaderos, mientras los socialistas reciben su «rechazo» porque les «abandonaron». En cambio el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, exigió al líder del Ejecutivo regional «hechos» y no «palabras huecas» para afrontar la crisis actual derivada del encarecimiento de los precios de los combustibles y los fertilizantes.
En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Martínez planteó al presidente «cuánto más tiene que perder el campo» para que se ponga manos a la obra, y Fernández Mañueco respondió que el Gobierno de Castilla y León siempre trabaja por el sector primario y preguntó al socialista con quién está, para añadir que con el ministro Luis Planas, que señaló se encontraba de fiesta en la embajada de Marruecos cuando se produjo la entrada masiva de personas en Ceuta.
Asimismo, el presidente de la Junta avanzó que a partir de mañana, 23 de septiembre, la Junta abonará el anticipo de 600 millones de euros de la Política Agraria Común a más de 50.000 agricultores y ganaderos, que destacó recibirán los fondos «antes que nunca», porque «como siempre» serán los «primeros» en efectuar los pagos. Sin embargo, sus palabras no convencieron al portavoz socialista que pidió a Mañueco que deje de «engañar» a los productores.
SOBRE CEUTA
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, pidió ayer al Grupo Parlamentario Socialista que «no confunda ni intente confundir» la prioridad nacional establecida en el pacto de gobierno entre PP y Vox y la gestión de la atención de los menores migrantes no acompañados, ante el recordatorio de los socialistas al Gobierno autonómico de que «no son expedientes, ni cifras, ni mercancía política, sino niños vulnerables».
Así lo defendió la vicesecretaria autonómica socialista, Nuria Rubio, en el pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, en el que preguntó al vicepresidente si la Junta garantiza que ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen.
En su respuesta, recogida por Ical, Pollán recordó que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox «es público y no deja lugar a ninguna duda», ya que aunque establece el principio de prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas, «siempre dentro de la legalidad vigente», también garantiza que «ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen».
Sin embargo, Rubio recordó a Pollán sus palabras de que las ayudas sociales «deben priorizar a las personas que verdaderamente deben ser tenidas en cuenta», y consideró que esta frase «retrata» al vicepresidente primero de la Junta porque deja en duda «quienes son las personas que no lo merecen», y aseguró la procuradora socialista leonesa que «quien vive aquí, trabaja aquí, cuida aquí y contribuye aquí, pertenece a Castilla y León».
Además, señaló que «una ayuda pública significa llegar a fin de mes, pagar un alquiler, la factura de la luz o la compra de la semana», por lo que afeó a Pollán que «juegue» con ese derecho porque eso «no es gobernar, sino decidir quién merece ayuda según sus prejuicios y sus odios».
«Han condenado a las personas migrantes, han anunciado que no colaborarán en su acogida y pretenden repatriar a 164 menores tutelados por la Junta, que no son ni expedientes, ni números, ni mercancía política, sino niños y niñas solos, lejos de sus familias y bajo su responsabilidad», sentenció.
Asimismo, pidió al vicepresidente de la Junta que no tergiverse el artículo 35 de la ley de extranjería porque esta normativa «obliga a proteger el interés superior de cada menor, escucharle y estudiar cualquier posible retorno caso por caso». Un regreso que, además, debe ser resuelto por el Estado.
Finalmente, Rubio consideró que «lo grave no es solo que un vicepresidente desconozca la ley, sino utilizar a niños vulnerables para fabricar miedo y enfrentar".