La Junta cambiará la Ley del Suelo para favorecer a los ayuntamientos

El director general de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Castilla y León, Javier Arribas, aseguró ayer que la Junta modificará la Ley regional del Suelo para que los ayuntamientos «puedan vender suelo público para construir equipamientos sociales y no sólo para adquirir más patrimonio urbanístico». Esta reforma se llevará a cabo por medio de la denominada ley de acompañamiento de los presupuestos y con ella se pretende «aclarar los posibles problemas legales que puedan surgir por la ambigüedad de la Ley», según Javier Arribas, quien puso como ejemplo la situación del Ayuntamiento de Valladolid, al que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado un tercio de las inversiones previstas este año debido a que estaba previsto financiarlas con la venta de suelo municipal. En este caso, el tribunal se amparó en lo establecido por la ley nacional, ya que la Castilla y León no había regulado estas situaciones. El director general de Urbanismo y Vivienda realizó estas declaraciones en la inauguración del I Curso de Derecho Urbanístico de la Universidad de Valladolid (UVA), que se celebrará hasta el mes de mayo, donde justificó esta medida señalando que, «en los tiempos que corren, no es la solución que los ayuntamientos mantengan su patrimonio en suelo público". "Es más útil venderlo para poder construir equipamientos sociales donde sea necesario y la institución no disponga de suelo», añadió. Nuevo reglamento Esta reforma irá acompañado en los próximos meses de un nuevo reglamento de la ley de urbanismo, que se encuentra en fase de ponencia técnica y que se prevé aprobar antes de fin de año. Según avanzó Arribas, se trata de una proyecto "municipalista, que va a permitir que los que decidan en esta materia sean los ayuntamientos ya que son las instituciones más cercanas a los ciudadanos». Por medio del nuevo texto legislativo, «el Ayuntamiento podrá intervenir directamente en materia de urbanismo para solucionar los problemas que surjan en sus ciudades, para lograr una buena calidad urbana o hacer más asequible el precio del suelo». Sin embargo, la nueva normativa también incorporará la obligación de los ayuntamientos de presentar un informe, en el primer trimestre de cada año, sobre la gestión urbanística en materias como la construcción de viviendas de protección oficial o enajenación de suelos públicos y, así, los ciudadanos podrán decidir si la gestión que han realizado es correcta».