Los juzgados de la comunidad han recibido 192 solicitudes en los tres meses de vida de la Orden
El 23% de las peticiones de apoyo contra malos tratos son denegadas
León ha registrado 35 solicitudes de protección por culpa de la violencia doméstica El Instituto de
Los casos de violencia doméstica crecen cada año a pesar de las leyes contra los maltratadores
Un 23% de las peticiones de protección a las víctimas de violencia doméstica realizadas en la comunidad fueron rechazadas por los juzgados, según los datos aportados ayer por el director general para la Modernización de la Administración de Justicia, Alberto Dorrego. El director general, que participó en Segovia en la presentación del Sistema Nacional de Información del Ministerio Fiscal, señaló que en los tres meses que lleva en vigor la Ley Reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, se presentaron 192 solicitudes, de las que han sido rechazadas 45. Salamanca y Zamora son las provincias con menos peticiones concedidas, con un 33% y un 47% respectivamente, mientras León, Ávila y Segovia gozan del mayor nivel de protección, según informó Ical. Por provincias, y a falta de los datos de Soria, Ávila presentó 16 solicitudes; Burgos, 36; León, 35; Palencia, 17; Salamanca, 18; Segovia, 10; Valladolid, 43 y Zamora, 17. La Ley de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica permite que en un plazo máximo de 72 horas el juez disponga de la protección jurídica y la asistencia social para las supuestas víctimas. La Orden de protección la acuerda el juez de oficio o el Ministerio Fiscal y actúa como una ventanilla única que pone en marcha inmediatamente todos los mecanismos de protección ya que puede pedirse sin formalismos técnicos o costes añadidos en Comisaría, el Juzgado de Guardia, los servicios sociales municipales, autonómicos o estatales, el Ministerio Fiscal o las Oficinas de Atención a las Víctimas. Los ayuntamientos o la Junta aportan las casas de acogida o pisos tutelados y además las víctimas cuentan con una ayuda de 300 euros al mes cuando carezcan de recursos durante 10 meses y desde que el juez de guardia dicte la Orden de Protección. Además, dicha Orden garantiza a la víctima información completa desde el primer momento sobre la situación procesal y penitenciaria del agresor, que se incluye en un Registro Nacional, al que pueden acceder jueces y fiscales. Objetivo: agilizar las medidas La ventaja principal de la Orden de Protección a Víctimas de Violencia Doméstica es la de acelerar la adopción de medidas penales, civiles y sociales por parte del juez instructor. Así lo explicó el letrado del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, Joaquín Delgado, durante las jornadas que se celebraron ayer en Pozuelo de Alarcón para dar a conocer y debatir la nueva legislación, coincidiendo con la celebración, el próximo día 25, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Orden de Protección fue aprobada por unanimidad de ambas Cámaras Legislativas.