Diario de León

Casi todos los expedientes fueron remitidos por el Ejecutivo autonómico

El Consejo Consultivo tramitó 247 informes en cinco meses

La mayor parte hace referencia a reclamaciones de responsabilidad patrimonial

La presidenta del Consejo Consultivo, María José Salgueiro, durante una rueda de prensa

La presidenta del Consejo Consultivo, María José Salgueiro, durante una rueda de prensa

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ical | valladolid

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Desde el pasado 14 de noviembre, fecha en la que el Consejo Consultivo de Castilla y León comenzó su actividad de forma oficia, esta institución creada como reflejo del Consejo de Estado en la comunidad ha tramitado otros 247 procedimientos, la mayoría relativos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los ciudadanos ante la Junta. En principio, los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes y la administración que lo recibe deberá incorporar en su resolución la fórmula «de acuerdo con», si asume las recomendaciones de este órgano, u «oído el» consejo en caso contrario. El grueso de los 248 expedientes admitidos desde noviembre se refieren a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, aquellas demandas que interponen los ciudadanos ante la administración para exigir una determinada indemnización. Los problemas causados por la fauna salvaje (49) o los accidentes de circulación por el estado de carreteras (40) copan esta clasificación. Por detrás quedan los problemas suscitados en el ámbito escolar, los accidentes de circulación por animales o situaciones relativas al ámbito sanitario. Aparte de las reclamaciones de responsabilidad, el Consejo Consultivo ha fijado posición sobre un anteproyecto de ley relativo a las Hoces del Río Riaza; 3 reglamentos ejecutivos (decretos o reglamentos de leyes); 5 modificaciones de planes urbanísticos; una revisión de oficio de actos administrativos; 3 contrataciones administrativas; 1 concesión administrativa y 3 recursos administrativos, según los datos facilitados por el propio órgano. Casi siempre, de la Junta Casi todos los expedientes de los primeros meses de 2004 fueron remitidos desde la Junta de Castilla y León, principalmente desde las consejerías de Hacienda y Presidencia. Sólo ocho de ellos procedieron desde las entidades locales, las cuales no pueden dirigirse directamente al Consejo Consultivo sino que deben solicitar su dictamen a través de la consejería competente en materia de administración territorial. Ante esta situación, la presidenta del Consejo, María José Salgueiro, explicó que quizá dentro de la administración local existe una menor cultura de consulta.

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