El PP tramita la Ley de Actuación Minera con 10 meses de retraso

Con diez meses de retraso y sin el consenso de todos los grupos parlamentarios. Así llegó ayer al pleno de las Cortes de Castilla y León el texto del proyecto de Ley de Actuación en las Comarcas Mineras que recoge las actuaciones de la Junta para reactivar estas zonas entre los años 2004 y 2007. A pesar de ello, la más conocida como Ley Minera superó la enmienda de totalidad presentada por el grupo parlamentario socialista, que por primera vez no apoyó esta normativa por considerar que no ha cumplido los objetivos con los que nació y por reincidir en la no complementariedad de sus fondos, que deberían ser de carácter extraordinario para lograr una verdadera reactivación de estas zonas. Así lo defendió ayer el procurador del PSOE por León, Antonio Losa, quien por otro lado criticó duramente el hecho de que, «para ser una ley fotocopia de la anterior», la Junta haya tardado diez meses en llevarla a las Cortes. «Cuando se apruebe, llevará 16 meses de retraso, lo que supone un tercio de su periodo de vigencia», aseguró Losa, quien se preguntó en qué marco legal se apoyan los incentivos mineros convocados ya este año. Por otro lado, Losa aseguró que la Ley Minera supone un auténtico «fraude» para las comarcas mineras de León y Palencia donde se ha perdido nueve veces más población que en el resto de la comunidad entre los años 1996 y 2002, según explicó. A expensas del Plan del Carbón Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Maria Jesús Ruiz, que fue la encargada de defender el texto legislativo, aseguró que el proyecto ha sido ampliamente consensuado con todos los agentes sociales y ha recibido el informe favorable de la Comisión Regional de Minería. Además de destacar sus novedades, entre las que se incluye un mayor apoyo a la minería no energética y una mayor preocupación por la seguridad en el sector minero, Ruiz afirmó que para complementar las ayudas e inversiones incluídas en esta normativa, cuyo presupuesto total asciende a más de 180 millones de euros, la Junta debería conocer cuanto antes cuáles son las perspectivas del Gobierno en relación al futuro Plan del Carbón, sus fondos y si vigencia, así como en relación a la reserva estratégica del carbón y las emisiones que finalmente se asignarán a cada empresa, algo hacia lo que Losa pidió más calma «teniendo en cuenta que todavía no ha concluido ningún plazo para esas cuestiones y ustedes ya van con diez meses de retraso». Reforma de la Ley de Cajas Por otro lado, el pleno de las Cortes aprobó ayer, con el apoyo de PP y PSOE y mediante el procedimiento abreviado de lectura única, la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León para su adaptación a la normativa estatal. El Partido Socialista votó a favor de la reforma al ser una de las cuestiones excluídas de la ruptura de relaciones con el Gobierno regional y el PP, según informó Ical. A partir de ahora, todas las partes se han comprometido a continuar con el diálogo para pactar el desarrollo posterior de esta ley a través de su reglamento . Ese es el caso de la petición de los sindicatos para que sean considerados entidades de interés general para así acceder a las asambleas de las Cajas de Ahorro de la comunidad. El texto incluye novedades como el hecho de que sea considerado como infracción grave el incumplimiento del deber de secreto por parte de un miembro del consejo de administración.