De Gobiernos virtuales y amenazas anexionistas

Lejos de mejorar, las relaciones entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no hacen más que empeorar. Al tira y afloja con el Archivo de la Guerra Civil ubicado en Salamanca se le ha sumado ahora un asunto mucho más grave como son las repercusiones en Castilla y León del famoso Plan Ibarretxe. Y es que el Ejecutivo autonómico se ha tomado muy a pecho la injerencia del País Vasco en las competencias y en el propio territorio de la comunidad, en concreto sobre el Condado de Treviño. Tanto es así que el último Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una batería de medidas en contra de los intereses anexionistas del documento vasco, como el envío de una comunicación al Gobierno central constatando la amenaza que se cierne sobre el Estatuto autonómico o la solicitud a las Cortes de un pleno extraordinario para analizar la situación. Según explicó la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, Maria Jesús Ruiz, es el Gobierno el que tiene la facultad de intervenir directamente y recurrir ante el Tribunal Constitucional, algo que, además, debería hacer sin necesidad de ningún requerimiento previo como el que está elaborando Castilla y León. Lo que tampoco se entiende muy bien es como el Congreso de los diputados se presta a debatir un documento que a priori, y a todas luces, no se ajusta a la Constitución. Como dijo la propia portavoz, es como si un grupo de personas se pusiera a debatir sobre si realizar un robo o no. Da igual el resultado final, el robo en todo caso siempre sería un delito. Por otro lado, el secretario regional de los socialistas, -partido que, por cierto, no considera el Plan como una amenaza para el territorio de Castilla y León-, salió esta semana a la palestra para contraatacar las continuas críticas del consejero de Fomento, Antonio Silván, hacia la política del Gobierno central en materia de infraestructuras. Según Villalba, la actitud de «insulto y confrontación permanente» que mantiene la Junta no está jugando a favor de Castilla y León en lo que al mantenimiento de un diálogo fluido entre administraciones se refiere. Ésta sería la razón de que, por ejemplo, la ministra de Fomento no se haya reunido todavía con Silván. Por ello, el PSOE se ofreció esta semana a continuar trasladando a Madrid las inquietudes de la comunidad. Y es que, según aseguró Villalba, ya están ejerciendo como «Gobierno virtual de Castilla y León».