La nueva Ley del Ruido obligará a los propietarios a tener un registro con los niveles acústicos
Los bares y discotecas tendrán limitadores para el ruido
La administración, las diputaciones y varios ayuntamientos tendrán personal específico

El ruido se ha convertido en un problema para los vecinos que viven cerca de los locales
La Ley del Ruido de Castilla y León que ultima la Consejería de Medio Ambiente obligará a los bares, discotecas y otros locales con instalaciones musicales a disponer de un limitador de potencia y de un registro sonográfico que almacene los niveles acústicos ante futuras inspecciones, así como un sistema de verificación que permita detectar posibles manipulaciones. Los establecimientos de nueva planta estarán obligados a colocar estos aparatos, mientras que los que ya funcionan dispondrán de un plazo para ello. El objetivo de la futura normativa, que la Junta aprobará previsiblemente antes del final de la legislatura, pretende «prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar y reducir los daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico en la comunidad». Además, el texto obligará a la administración regional, a las diputaciones y a los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes a prestar un servicio de control de ruido, para lo que «se deberán dotar de personal con conocimientos especializados de acústica» y tendrán que «formar en este campo a policías locales, agentes medioambientales y técnicos». Con el fin de garantizar la calidad de las mediciones de los niveles de ruido, la Consejería de Medio Ambiente autorizará y homologará a las denominadas 'entidades de evaluación acústica' que serán las encargadas de realizar las mediciones de niveles sonoros, aislamientos acústicos y vibraciones. Niveles de decibelios El anteproyecto de ley fija los niveles mínimos y máximos de decibelios permitidos para diferentes actividades, en determinadas zonas de los núcleos urbanos y en horarios concretos. Sin embargo, serán los ayuntamientos los que apliquen, a través de ordenanzas, los niveles exactos de ruidos, según lo establecido por la normativa. Infracciones y sanciones Asimismo, el plan tipificará infracciones y sanciones que podrán ser económicas e implicar el precintado de las instalaciones donde se superen los niveles permitidos. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, explicó que las actuaciones en materia de ruido «no vendrán tanto derivadas de las denuncias de particulares, como de la actividad cotidiana de la policía y de los servicios de Medio Ambiente».