Diario de León

Los manifestantes reclaman que no se traslade hasta que el Constitucional dictamine su legalidad

Cerca de 4.000 personas exigen la unidad del Archivo en Salamanca

La convocatoria, apadrinada por el PP, abundó en el agravio de comportamiento del Gobierno

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E. V. S. - salamanca
León

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Cerca de 4.000 personas, según la Policía Local, secundaron ayer la concentración convocada por el Ayuntamiento de Salamanca a las puertas del Archivo de la Guerra Civil con el objetivo de reclamar que la adopción de cualquier medida que pueda romper la unidad del centro se aplace hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto al recurso planteado por la Junta de Castilla y León. La concentración, que comenzó a las 13.00 horas a las puertas del centro documental, arrancó con una visita de autoridades locales y autonómicas, senadores y diputados, acompañados por efectivos de la Policía Nacional, a las famosas 507 cajas que presumiblemente serán trasladadas a Cataluña. Según el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, el director del archivo, Miguel Ángel Jaramillo, ha asegurado que las 507 cajas «están dispuestas desde hace tiempo» para viajar en cuanto se disponga. En este sentido, precisó que incluyen documentación que «nada tiene que ver con lo que se ha reclamado», legajos que «no son de Cataluña ni lo han sido nunca, que no pertenecen a la Generalitat, ni a ninguna familia catalana». Tras la visita, representantes de los colectivos firmantes del manifiesto a favor de la unidad del centro documental, junto al alcalde, el secretario autonómico del PP y consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco; así como la presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez; el delegado territorial de la Junta, Agustín Sánchez de Vega; y el presidente de Cecale, José Luis Martín Aguado, entre otros, desplegaron una pancarta a las puertas del archivo en la que podía leerse el lema unamuniano «Venceréis pero no convenceréis». Manifiesto La lectura del manifiesto corrió a cargo del director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, quien aseguró que las mismas autoridades que están preocupadas por el estricto cumplimiento de la legalidad en Salamanca «actúan de manera muy distinta cuando la Constitución es puesta en solfa en otros lugares». Asimismo, recordó que la concentración tenía como objetivo «reclamar algo de estricta justicia: que cualquier medida se aplace hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie». Santonja subrayó la vinculación de la constitución del Archivo con personas catalanas, desde los integrantes de las escuadras de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos hasta el «inductor y verdadero mentor» del centro, el barcelonés Juan Tusquets, precisó. Desde su punto de vista, la polémica en torno al centro refleja «el ejemplo de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como». «Catalán el inductor del Archivo y catalanes los sicarios de las escuadras incautadoras, ahora resulta que los culpables somos nosotros, incursos en el grave delito de que nos negamos a la anulación de estas huellas y la ocultación de estos datos», subrayó. Notables agravios El director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua consideró que la devolución «a toda prisa» de los papeles «implicaría notables agravios» ya que muchos archivos y museos estatales parten de «orígenes nada pacíficos», como la desamortización. Además, precisó que «en Barcelona están multitud de legajos, libros y documentos levantinos, baleares y aragoneses, amen de infinidad de obras de arte de Castilla y León». Durante el desarrollo de la concentración, que ocupó las calles aledañas al Archivo de la Guerra Civil, los asistentes corearon consignas como «No se mueve el archivo», «Caldera dimisión» o «Zapatero traidor».

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