La nueva financiación autonómica entrará en vigor en el año 2008

El Gobierno y la mayor parte de las comunidades autónomas acordadon ayer iniciar la revisión del sistema de financiación autonómica y han fijado un calendario que permitirá al Ejecutivo plantear una propuesta antes de finales de este año y poner en marcha el nuevo modelo a primeros del 2008. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, informó de tales acuerdos tras el Consejo de Político Fiscal y Financiera, en el que se aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre este asunto con la oposición de las comunidades gobernadas por el PP, que exigieron conocer en detalle los acuerdos financieros alcanzados en la negociación del Estatuto catalán entre el Gobierno y CiU, según informó Efe. El Gobierno ofreció a estas comunidades ser informada de este «pacto político» de manera «informal» a través del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, pero las autonomías gobernadas del PP exigieron que esos datos se les trasladen en una convocatoria extraordinaria y «formal» del Consejo. Rechazo frontal La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, advirtió ayer en Madrid, que el nuevo modelo de financiación autonómica que ha pactado recientemente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, puede poner en peligro incluso los servicios mínimos educativos y sanitarios en Castilla y León. Pilar del Olmo, quien anunció formalmente el rechazo de la Junta de Castilla y León a la futura revisión del modelo de financiación autonómico por no garantizar ni siquiera garantiza los principios de suficiencia y solidaridad, aprovechó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para manifestar la preocupación del Gobierno autonómico porque la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña no contempla dos de los principios básicos recogidos en los modelos de los últimos veinte años: solidaridad y suficiencia. «La tercera parte de los municipios españoles de menos de cinco mil habitantes se encuentran en Castilla y León y, en muchos de ellos, hay un consultorio local y una escuela que, a veces tiene cuatro o cinco alumnos. Pero es algo necesario y, en un Estado de Derecho y de Bienestar necesitamos esos servicios mínimos. Con el modelo que hoy por hoy está contemplado en el Estatuto catalán ni siquiera podríamos garantizar esos servicios mínimos», afirmó, según informó Ical.