Los grupos parlamentarios logran consensuar la Ley de Mediación

En el último pleno de las Cortes, los grupos parlamentarios lograron aprobar por consenso la Ley de Mediación Familiar de Castilla y León que servirá para resolver de forma pacífica los conflictos que se produzcan en el seno de los hogares y que afecten tanto a cónyuges y parejas de hecho con y sin hijos, como a los progenitores en las relaciones con sus hijos ya sean mayores de edad o emancipados y a familiares, independientemente de su grado de parentesco. El texto, que se aprobó en Consejo de Gobierno el 23 de diciembre de 2004, se validó tras aceptar la Cámara dos enmiendas presentadas por los socialistas y que provocaron que se retiraran el resto. En concreto, las referidas a los deberes del mediador familiar y a los casos de mediación gratuita, que en un principio el texto preveía que la Junta pudiera firmar convenios de colaboración con entidades públicas para estos casos, algo que, según manifestó la procuradora socialista Begoña Núñez, el PSOE no se aceptaría. La Ley pretende convertirse en una garantía para las familias; establecer un marco de actuación para los profesionales que ejercen la mediación y garantizar, a través de la intervención de la Junta, que todas las familias con pocos recursos puedan disponer de este instrumento. Su aplicación afecta a conflictos que puedan surgir entre los cónyuges sobre el uso de la vivienda, cuantía y duración del derecho de alimentos; liquidación del régimen económico, guarda y custodia de los hijos y derechos de visita del progenitor no custodiado, entre otros.