El hermano del funcionario ejerce en la constructora Collosa y aparece también como imputado
El ex director de Minas Parrado, imputado por prevaricación Absuelta una maestra acusada hace siete años de abuso sexual Aparece el cadáver de una mujer en una pensión de Salamanca, que podría ser una de las propietarias Deimos-Imagin lanzará el primer sa
Supuestamente presionó a empresarios para beneficiar económicamente a su familia

Los servicios funerarios sacan del edificio el cadáver de la mujer
Un Juzgado de Instrucción de Valladolid ha decidido imputar a Maurilio Parrado, el que fuera jefe de Minas de la Junta de Castilla y León, a su hermano y a un profesor de la Escuela Superior de Minas de Almadén (Ciudad Real) como presuntos autores de varios delitos contra la Administración Pública. Entre las infracciones se encuentra la de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, que habrían cometido mediante la presión contra empresarios del sector de los áridos de la provincia y con la intención de obtener un beneficio económico, según publicó en su edición de ayer el Norte de Castilla. La imputación contra este funcionario de la Consejería de Economía y Empleo es fruto de dos años de indagación judicial. La investigación comenzó tras recibir una denuncia que presentó inicialmente un directivo de una consultoría ante el que fuera en aquellos momentos procurador del Común, Manuel García Álvarez, y a la que se sumó posteriormente un empresario de la construcción de Valladolid. García Álvarez la trasladó a la Fiscalía vallisoletana y ésta al juzgado de Instrucción que, tras tomar declaraciones y analizar varios tomos de documentación remitida por la Consejería de Economía, que dirige Tomás Villanueva, dictó el pasado 14 de julio un auto en el que decide imputar a estas tres personas. En la resolución judicial se afirma que Maurilio Parrado, funcionario de la Junta, ocupó la Jefatura del Servicio de Minas de Valladolid durante 36 meses, entre los años 2000 y 2004. Según los hechos recogidos en el auto judicial, fue en febrero del 2001 cuando el directivo de la consultoría denunciante acudió a la Junta de la comunidad a interesarse por un expediente que se estaba tramitando en el departamento de Parrado y durante una conversación este funcionario le propuso ser socio de su empresa a lo que el empresario se negó. El juez considera acreditado que el jefe de Minas le indicó al empresario que «la marcha de su empresa dependía de los informes que emitía» como empleado público y «que si no hablaba bien de ella tenía los días contados». A partir de esta exigencia, fue el jefe de Minas de Valladolid quien le indicaba la persona que «debía de firmar los proyectos a presentar en dicha sección, realizándose al menos dos proyectos con este sistema». La legislación obliga a que para poder tramitar una explotación de gravera se necesite la presentación de un proyecto firmado por un ingeniero de minas, que deberá hacer posteriormente un seguimiento de los trabajos de extracción de áridos. El estudio viene a costar entre 7.000 y 12.000 euros, añade el periódico. Las supuestas presiones frente este directivo minero llegaron hasta el punto que se vio obligado a actuar como abogado en un juicio seguido en Segovia contra el hermano del ex jefe de Minas, sin cobrar cantidad alguna. Precisamente el hermano del funcionario, que ejerce como ingeniero en la constructora Collosa, figura también como imputado, ya en que en las diligencias varios empresarios aseguraron que el ex jefe de Minas de Valladolid, Maurilio Parrado, les exigía que dieran «los proyectos a su hermano» a cambio de acelerar las tramitaciones de los expedientes de explotación. El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos ha absuelto a la profesora Elena P.C. de dos delitos de abuso sexual sobre siete menores y del mismo número de faltas de maltrato de obra y amenazas de los que fue acusada por un grupo de padres de alumnos del colegio Virgen de las Eras, en Santibáñez Zarzaguda, hace ahora siete años. En la misma sentencia, el juez absuelve también al Ministerio de Educación y a la Consejería de este ramo de la Junta como responsables civiles subsidiarios, según publicó en su edición de ayer el periódico El Mundo de Castilla y León. La juez de la Audiencia Provincial considera «no probada la comisión de los hechos» y certifica que queda demostrado que «no existen abusos sexuales y maltrato en el alumnado de Infantil por parte de la profesora», así como que el origen y desarrollo de las denuncias es comprensible, en función de los «factores personales, en especial de abuso sexual en su adolescencia de una de las denunciantes, unido a fenómenos de histeria de grupo». Los padres sospechaban de la docente desde el incio del curso. Efectivos de la Policía Nacional y Local encontraron ayer, en torno a las 11.00 horas, el cadáver una mujer, cuya identificación se desconoce, en las instalaciones de una céntrica pensión en Salamanca ubicada a la altura del número 19 de la calle Meléndez. Pese a que el juez ha decretado el secreto de sumario, testigos presenciales apuntaron que la víctima mortal era una de las propietarias del establecimiento, que regentaban varias hermanas desde hacía poco más de un año. La escasez de información ha desatado rumores en el vecindario donde se asegura que la mujer ha aparecido maniatada y con un corte en el cuello, si bien no existe confirmación de estos hechos por parte de ninguna fuente oficial. Fuentes sanitarias del SAS-SAMUR apuntaron que a su llegada al lugar del suceso, la mujer ya había fallecido aunque atendieron a un varón de 24 años que responde a las iniciales C.M.J. con una fractura en una mano que fue trasladado a las instalaciones del Virgen de la Vega. El propietario de uno de los negocios próximos al inmueble aseguró haber visto a una de las hermanas de la víctima salir corriendo de la pensión para pedir ayuda en un bar ubicado enfrente de la misma, donde pidió a los empleados que llamasen a una ambulancia y a la Policía. Las vecinas del inmueble, un edificio de dos alturas en el que la primera planta está ocupada íntegramente por la pensión, afirmaron no haber escuchado nada raro ni la noche anterior ni a lo largo de esa mañana, aunque si confirmaron que son cuatro las hermanas que regentan el negocio. La Policía Nacional, que sostiene no poder facilitar información sobre el suceso al haberse decretado el secreto del sumario, ha precintado la pensión donde, de momento, no pueden entrar sus clientes, pero sí se permite el acceso a los demás vecinos de la finca. Hace meses la pensión Bárez de Salamanca fue, una vez más, testigo de la muerte de otras dos personas. En ésta ocasión el motivo del fallecimiento se produjo, al parecer, por sobredosis. La empresa Deimos-Imagin de Boecillo (Valladolid), lanzará al espacio en el 2007 el primer satélite privado de Europa de observación, cuya misión se centrará en captar imágenes de alta resolución que permitirán analizar con nitidez pequeños espacios de la tierra con múltiples utilidades, aunque sobre todo estarán enfocadas a controlar los cultivos y bosques, según publicó en su edición de ayer 20 Minutos. La Junta financiará parte de los 12 millones de euros que cuesta el plan. Además, Pedro Duque podría convertirse en el director general del proyecto, extremo que todavía no está confirmado ya que el astronauta se encuentra en fase de negociaciones con la empresa. En la iniciativa colaborará de forma activa la Universidad de Valladolid. Una parte del proyecto estará en el Parque Tecnológico de Boecillo y la otra en el edificio de Investigación y Desarrollo del Campus Miguel Delibes.