La Junta declaró de especial interés para la comunidad autónoma 46 proyectos empresariales
Cuatro empresas de León reciben 9,5 millones para crear 77 empleos
El consejo de Gobierno destinó, además, 1,12 millones para un proyecto de I+D en la provincia
El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de ayer la declaración de especial interés de 46 proyectos empresariales que recibirán 66,7 millones en concepto de ayudas, por parte de la Consejería de Economía y Empleo. Estas partidas, destinadas a proyectos nuevos y a la ampliación de otros, permitirán crear 902 puestos de trabajo y mantener 6.478. La vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, explicó que las inversiones se enmarcan dentro del «objetivo prioritario del Gobierno del empleo y la innovación tecnológica, así como de la creación y mantenimiento de empresas». En el caso de la provincia de León, las beneficiarias serán la empresa Automóviles Innovación y Desarrollo (que recibirá 94.447 euros y creará 15 empleos), Vestas Nacelles Spain (2,8 millones y 38 empleos) y Pizarras Arcas Prada (107.980 euros y ocho empleos). I+D+i Por otro lado, la Junta de Castilla y León declaró ayer de especial interés seis proyectos de cuatro empresas por sus inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación. En su conjunto, las iniciativas recibirán más de 7,5 millones de euros, crearán 37 puestos de trabajo y mantendrán 184, según informó la vicepresidenta primera. De las partidas, Grupo Leche Pascual recibirá una ayuda de 556.435 euros. Esta entidad creará en su departamento de I+D+i dos empleos. Mientras, Atos Origin SA, afincada en León y que contratará a 15 personas, contará con 1,12 millones de euros. Observatorio de la inmigración Por otro lado, el Observatorio Permanente de la Inmigración comenzó ayer su andadura con el cometido de calcular y analizar la aportación del colectivo que trabaja en Castilla y León al Producto Interior Bruto (PIB), según explicó el consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó el decreto que regula y pone en marcha este órgano colegiado. El estudio, que podría ver la luz en los primeros meses del próximo año, permitirá a la Administración autonómica conocer la realidad de estos ciudadanos, «una fotografía, un diagnóstico» que permitirá encauzar las políticas y planes futuros. Una vez que concluya, los integrantes del Observatorio comenzarán a elaborar otros informes sobre los movimientos migratorios y los lugares donde se instalan las personas que llegan a la comunidad. El órgano, que Fernández Mañueco definió como «el instrumento para el análisis de la realidad migratoria y su repercusiones en la sociedad», se encargará también de asesorar a los órganos colegiados de la Administración autonómica y mantener las bases de datos sobre migraciones. Los integrantes del Observatorio de la Inmigración deberán reunirse, al menos dos veces al año, en una sesión plenaria. Además, habrá dos comités permanentes, uno técnico y otro científico. El primero lo configurarán funcionarios, y el segundo, expertos en la materia.