El fiscal jefe pide que la agresión escolar sea un «delito de atentado»

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL), Manuel Martín-Granizo Santamaría, pedirá a la Junta de Fiscales Jefes de Castilla y León, que se celebrará hoy, que consideren las agresiones a los profesores como «un delito de atentando», según consta en una carta remitida al sindicato de profesores de enseñanza de Castilla y León, Ampe. En el texto, Martín-Granizo añade que su Fiscalía «considera que las agresiones que pueda sufrir un empleado público en el ejercicio o como consecuencia del ejercicio de sus funciones son constitutivas, además del delito contra la integridad física que se corresponda, de un delito de atentado». Por tanto, añade: «Es mi intención que esta consideración se aplicada en todas las fiscalías de la comunidad autónoma, razón por la cual la materia será estudiada en la Junta de Fiscales», concluyó el fiscal jefe del TSJCyL. Precisamente ayer se celebró en Valladolid el pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León, durante el cual se puso de manifiesto que el 50% de los alumnos de Castilla y León que presentan algún tipo de conducta inadecuada o de violencia en las aulas de los centros escolares de la comunidad son reincidentes, según explicó el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola. Así, durante el Pleno se acordó iniciar una investigación para conocer «cuáles son las causas» de la reincidencia de estas conductas violentas en la mitad de los escolares que presentan este tipo de actitudes y conocer cuál es el perfil de estos alumnos. Así, explicó que se tratará de conocer los problemas de tipo social, familiar o sanitario que hacen que estos escolares reincidan en sus comportamientos que «poco tienen que ver con el ámbito escolar», matizó. Investigación sobre causas La investigación parte, según el consejero, con el objetivo de «prevenir y atajar» estos comportamientos que, debido a que en la mayoría de las ocasiones tienen carácter social es necesario «buscar mecanismos de coordinación entre administraciones». En este sentido, Álvarez Guisasola recalcó que en los casos de acoso escolar intervienen además los servicios sanitarios, sociales, policiales y judiciales. Esta fue una de las aportaciones realizadas por la Consejería de Educación en la reunión del Observatorio, si bien insistió en la creación de un decreto que regule los derechos y deberes de los alumnos y padres, que podría ver la luz en el transcurso de este curso y que se basará en el equilibrio de derechos y deberes, en el esfuerzo en la tipificación de actos contrarios a las normas y la graduación de su gravedad, así como el tratamiento de los plazos con el objetivo de simplificar el procedimiento.