Junta y PSOE se enzarzan en una batalla dialéctica sobre la Ley de Dependencia La partida más abultada de las expuestas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, Victorina Alonso, criticó ayer la decisión de la Junta de no «firmar el anexo del convenio de la Ley de Dependencia con el Estado», lo que ahora «impide» el cobro de 17,7 millones para la aplicación de la norma. La socialista sostuvo que ese fondo es un «regalo» de la Administración central, «mientras que la Junta boicotea las valoraciones de los dependientes, al igual que las comunidades de Madrid y Murcia, entre otras cosas por tener un programa incompatible al del Estado». En este sentido, Alonso calificó la partida para la dependencia de «escasa» (369 millones de euros) y acusó al consejero de «no acudir a las conferencias sectoriales, en las que deciden los criterios de copago». «La Ley no se desarrolla en la comunidad porque a la Junta no le da la gana, ya que no es necesario que el Gobierno regule los baremos, y el ejemplo más claro, es que una comunidad gobernada por el Partido Popular, como es Valencia, ya recibe las ayudas para desarrollar la Ley», reprochó. Además, atribuyó a la Junta, la «privatización» de plazas para personas mayores, «cuando no todas las familias pueden pagarse una plaza». Por otro lado, la procuradora socialista lamentó la «escasa» aportación a las plazas infantiles, ya que «haría falta mucho más dinero para poder construir los 49 centros que promete y con algo más de 18 millones no es suficiente». Por su parte, y en respuesta a las críticas, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, advirtió ayer al Gobierno de que las quejas por la aplicación y desarrollo de la Ley Dependencia no sólo proceden de Castilla y León, sino que también se producen en comunidades gobernadas por socialistas y nacionalistas. Salir al paso De Santiago Juárez salió así al paso tras el rifirrafe entre el consejero de Familia, César Antón, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, el pasado lunes en Valladolid durante la intervención en la jornada 'La Dependencia en Castilla y León: calidad de servicios como reto de futuro', organizada por CC.OO y UGT, que amenazaron con movilizaciones si Junta y Gobierno no se ponen de acuerdo en el desarrollo de la ley. «Aquí con ley y sin ley no se ha dejado de atender a ninguna persona con dependencia, quieren engañar», aseveró el portavoz de la Junta, quien subrayó el compromiso del Ejecutivo autonómico con estas personas, la aplicación de la normativa estatal en la comunidad y la critica por la falta de compromiso del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Como prueba de las quejas a la escasa implicación económica del Gobierno para el desarrollo de la ley, enumeró distintos titulares aparecidos en la prensa de las comunidades de Cataluña, Galicia, País Vasco o Canarias para señalar a los socialistas autonómicos y al Gobierno que no es cierto que haya un enfrentamiento entre la Comunidad y el Gobierno central sobre esta ley. Mientras la Junta destinó en sus presupuestos de este año 346 millones de euros a la dependencia el Gobierno consignó 33, que todavía «no han llegado», precisó el consejero portavoz, quien recordó que se han resuelto ya 1.083 solicitudes de 17.000 presentadas, de las que 12.000 están revisadas y a falta de resolución. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará el próximo año 369 millones de euros para ejecutar las acciones necesarias y atender a las personas en situación de dependencia. Esta es la partida más amplia de las que ayer expuso el consejero responsable del área, César Antón, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Cortes, donde destacó que a ese total hay que sumar otros 57 millones de euros que aportará el Gobierno Central, por lo que la Junta gestionará un total de 426 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Dependencia.