La Junta muestra su «sorpresa» porque Mérida abra ahora el debate
El Gobierno de Castilla y León se mostró ayer «sorprendido» de que la Junta de Extremadura abra ahora el debate sobre la constitucionalidad del artículo del nuevo Estatuto de Autonomía relativo a la gestión de la Cuenca del Duero y se puso a disposición de las instituciones de esa Comunidad Autónoma para las aclaraciones que precisen. Así lo expresó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, en declaraciones a la agencia Ical, después de conocer que el Gobierno extremeño ha encargado un informe al Consejo Consultivo de su Comunidad para que estudie si es preceptivo o no la presentación de un recurso contra el artículo 70.4 del Estatuto de Castilla y León. Claro y preciso De Santiago Juárez remarcó que el artículo objeto de duda por parte del Gobierno extremeño es «claro, preciso y escrupulosamente constitucional» y estimó que ha realizado «una lectura precipitada» del texto que aprobó el pasado miércoles el Senado. En este sentido, reiteró «la sorpresa» de la Junta de Castilla y León por que en la tramitación del texto en el Congreso y Senado no hubo «ningún debate» sobre éste asunto, cuando en ambas cámaras hay parlamentarios extremeños. «Estamos a disposición del Gobierno y del Parlamento de Extremadura para las aclaraciones que necesiten sobre las dudas que parece que les han surgido en el último minuto». De Santiago Juárez recordó que el Estatuto recoge competencias en las aguas que tienen su nacimiento en Castilla y León y derivan a Portugal, sobre las que se atribuye a la Comunidad la capacidad de ejecución en recursos y aprovechamientos hidráulicos y desarrollo normativo. Pero añadió que la función exclusiva del Estado queda «perfectamente clara» en el 2 por ciento de la cuenca que no corresponde a Castilla y León. «Está perfectamente matizado, creo que confunden la Cuenca del Duero con todas las aguas», concluyó. Además, De Santiago-Juárez recordó que no se trata de una «competencia exclusiva», sino que la planificación quedará reservada para el Estado, como está previsto constitucionalmente, mientras que Castilla y León asumirá «competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos», según figura en el renovado documento estatutario. En este sentido, De Santiago-Juárez consideró que el conflicto que plantea la Junta de Extremadura respecto a los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría no se ajusta a la letra del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.