Junta y los sindicatos abordan otra modernización de la Administración

La Consejería de Administración Autonómica y los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF firmaron ayer un acuerdo para abordar la tercera modernización de la Administración regional que afecta a 87.000 funcionarios y que prevé, entre otras medidas, avanzar en la estabilidad en el empleo e impulsar los sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo, según explicó la consejera del ramo, Isabel Alonso. Alonso resumió que el acuerdo asume cinco retos: la renovación del actual marco normativo; la ordenación y distribución del capital humano, junto al impulso de la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo y empleo y las relaciones laborales y la negociación colectiva. Todos ellos dirigidos a impulsar políticas que consideren «a los recursos humanos como el factor clave y que cuenten con la implicación de los empleados públicos». El acuerdo marco para la modernización y mejora de la Administración Autonómica de Castilla y León fija que se marcarán los criterios esenciales para redactar un borrador de proyecto de una nueva Ley del Empleado Público de Castilla y León, adaptado al Estatuto Básico, aprobado en abril del año 2007, al tiempo que se establecerán criterios de aplicación directa, en su caso, de esta última normativa. En cuanto a la ordenación y distribución del capital humano, el documento fija que se impulsarán criterios y medidas de ordenación para garantizar la profesionalidad del empleado público, como «principal activo para mejorar la atención a las demandas y necesidades de los ciudadanos»; criterios y medidas para avanzar en la estabilidad y calidad en el empleo (entre las que figuran reducir la temporalidad e inestabilidad laboral); junto a medidas para impulsar la periodicidad de los sistemas de selección, provisión de puestos de trabajo y promoción interna, en especial los procesos de movilidad interna y de movilidad en relación con las restantes administraciones públicas. En este capítulo, también figura un análisis de la posible incidencia de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia; medidas de discriminación positiva que favorezcan el acceso al empleo de las personas con discapacidad; de protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género; creación de un código ético de los empleados públicos y la elaboración de una relación de puestos de trabajo. En el marco del Diálogo Social, existe el compromiso de negociar y elaborar un modelo de evaluación del desempeño; un modelo de carrera horizontal y de mejora vertical.