Un impulso a las infraestructuras a través de la inversión pública

El objetivo de las medidas de inversión pública es agilizar el proceso de licitación por un importe de 4.000 millones de euros y, para ello, se adelantará la aprobación del Plan Regional de Carreteras, la ejecución de los enclaves logísticos, la construcción de viviendas protegidas con la nueva figura de viviendas de precio limitado a familias, la ampliación de suelo industrial y el aumento de plazas residenciales. Se trata de inyectar dinero público para frenar la caída en el sector inmobiliario privado y mantener empleos. La agilización de las ayudas se centra en el apoyo a proyectos de inversión para llegar a 1.424 millones, la reducción a tres meses del plazo para la concesión de ayudas en expedientes relativos a I+D+i y la puesta a disposición de las empresas de 540 millones para una inversión total de 1.800 millones. También se prevé la creación de una Fundación que analice proyectos alternativos en casos de deslocalización de empresas, un nuevo Programa de Orientación Laboral para empresas con dificultades y un nuevo Programa de Formación Ocupacional que incida en la formación de los trabajadores. En el plano de impulso de la iniciativa privada, los medidas se encaminan a agilizar la tramitación administrativa para los proyectos y, para ello, se creará una Oficina de Inversión en cada Delegación Territorial de la Junta en las provincias. José Antonio De Santiago-Juárez afirmó que se abrirá «una reflexión» con el sector para la revisión de la normativa que regula los establecimientos comerciales y añadió que «sin imponer» es necesario un ajuste de las aperturas que permitan una competencia efectiva.