La Junta no garantiza que se graduen los objetores de educación ciudadana

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, señaló ayer que la Administración autonómica intentará «que no se produzca ningún daño» contra los alumnos cuyos padres objeten contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que el próximo año comenzará a impartirse en Castilla y León, si bien aclaró que «es la ley la que tendrá que dictaminar si estos muchachos se pueden graduar». Tras recalcar que «la normativa actual protege que los niños asistan a las disciplinas, pero el aprobado o suspenso es diferente a la no comparecencia», Mateos añadió que «la Junta no quiere correr con los posibles riesgos que genere la no comparecencia de los alumnos en una disciplina que es obligatoria». Según las estimaciones que se manejan por su departamento, Mateos señaló que «las estimaciones de objeciones de conciencia en la Comunidad respecto a esa asignatura son confusas», si bien las calculó «entre 1.200 y 1.300» por el momento. «Personalmente, respecto las decisiones que puedan tomar personas que sientan que se están vulnerando sus derechos, y la objeción es un derecho individual, pero como Administración no podemos no desarrollar una ley básica del Estado Español», explicó. Mateos reivindicó la «normalidad» para afrontar las posibles objeciones y apuntó que la Junta está realizando un «registro oficial» de la solicitudes que reciban. «La obligación de los niños es asistir a las clases, y para los casos en que los padres le pidan a sus hijos que no lo hagan, dispondremos de aulas o espacios como las bibliotecas para que los docentes que se ocupen de esos espacios les atiendan y les indiquen que hagan otras cosas», detalló. De ese modo, la objeción no supondrá coste añadido para el Gobierno autonómico, y los padres que lo estimen oportuno podrán hacer uso de ella «en cualquier momento del curso lectivo».