Los socialistas piden al gobierno que «se aclare» ante sus continuos cambios de opinión
La Junta recurrirá finalmente la sentencia sobre los crucifijos
Considera que es competencia del Consejo Escolar y pide unidad de criterios a la justicia
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en la comparecencia posterior al Consejo d
valladolid
La Junta de Castilla y León recurrirá finalmente la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid que obliga al Colegio Público Macías Picavea a retirar los símbolos religiosos de las aulas. Desde el ejecutivo se recuerda que la decisión debe tomarla el Consejo Escolar del centro y que la sentencia vulnera su autonomía. « Es un órgano de gobierno, según la Ley», recordó el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, «y no de simple consulta o de participación».
La sentencia basaba la retirada de crucifijos de las aulas en el supuesto de que esos símbolos religiosos vulneran la libertad de conciencia, algo en lo que el portavoz no se mostró de acuerdo: «¿alguien puede creer que llevemos 30 años vulnerando la Constitución?», reflexionó, para terminar afirmando que «va contra el sentido común».
Poco a poco, las palabras del consejero de Presidencia fueron subiendo de tono, culminando con la muestra de varias fotos en las que se veía al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo en el momento de jurar su cargo. «Creo que lo que se ve ahí también es un crucifijo», señaló el portavoz, y se preguntó por qué en estos casos los tribunales no se han pronunciado: «alguien tendrá que explicar si son de distinta naturaleza la pared de un colegio y la mesa donde promete su cargo el presidente del Gobierno». «Si un crucifijo vulnera derechos y libertades, lo hace en todos los casos», concluyó. Por su parte, el Partido Socialista de Castilla y León ha pedido a la Junta que se aclare y explique las razones que le han llevado a cambiar de criterio. Su portavoz en las Cortes, Ana María Redondo, recordó que el ejecutivo aseguró en un primer momento que acataría la sentencia através de las palabras del propio De Santiago Juárez. Además, Redondo ha insistido en que la Constitución «exige que la administración pública garantice el derecho a la libertad religiosa en un Estado aconfesional», y pidió precaución en un tema tan delicado.