Los ciudadanos tendrán 48 derechos con la administración electrónica
ical | valladolid
El Plan de Implantación de la Administración Electrónica en Castilla y León, con vigencia entre los años 2009 al 2011, dibujará una carta de 48 derechos, al tiempo que servirá para mejorar su relación con los ciudadanos de la Comunidad por medio de las nuevas tecnologías. En concreto, la medida persigue que el ciudadano se convierta en centro de los servicios, para lo que el nuevo modelo tendrá como premisas lograr una administración más cercana y orientada al ciudadano; accesible por múltiples canales y sin restricciones horarias; ágil y eficiente; prestadora de servicios de calidad; preactiva y flexible y normalizada, según figura en el borrador del plan al que tuvo acceso Ical.
Plan estratégico
La medida, que se deriva del plan estratégico de modernización de la Administración de Castilla y León 2008-2011, dependiente de la Consejería de Administración Autonómica, dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que data de 2007, y que marca, entre otros derechos de la población, poder elegir la fórmula con la que relacionarse con las administraciones; no aportar datos y documentos que ya obren en el poder de éstas, así como poder conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de un procedimiento que afecte a la personas.
Entre la carta de cuarenta y ocho derechos que dibujará el plan se encuentra también la opción de obtener copias electrónicas de los documentos de su expediente; que la Administración conserve en formato electrónico sus documentos; formulación de solicitudes a través de la red; realización de consultas, pagos y transacciones por estas vías; presentación de alegaciones y manifestación de consentimiento; información de los trámites y procedimientos para acceder a los servicios, y de los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de servicios y vías de recurso en caso de litigio entre cualquier autoridad competente, prestadores y destinatarios.
En la lista también figura garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios y conocimientos, a la e-Administración.
Para lograr este fin, se implantarán en las oficinas y puntos de información y atención al ciudadano de puntos de acceso públicos y gratuitos a un portal específico.