Sanidad afirma que la píldora del día después debe tener control médico

Los consejeros Mejuto y Guisasola durante la firma de la addenda de asistencia sanitaria
ical | valladolid
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, y la consejera de Sanidad de Extremadura, María Jesús Mejuto, coincidieron hoy en que la píldora del día después, «como todo medicamento» no está «exento de riesgo, aunque sea mínimo» y por tanto abogaron por suministrarla bajo «un control médico adecuado».
Ante la decisión de que se pueda adquirir en farmacias sin receta, Mejuto opinó que todo fármaco «requiere una prescripción médica» y destacó que «hay que tener en cuenta la situación clínica de la persona que la va a tomar».
La consejera agregó que se muestra a favor de suministrar la píldora del día después de forma gratuita y como ejemplo explicó que en Extremadura se lleva haciendo desde hace 12 o 14 años en los centros de planificación familiar, pero subrayó que «con un control médico adecuado».
Por su parte, Álvarez Guisasola señaló que esta píldora es «un medicamento más, que tiene contraindicaciones, igual que otros similares que se dispensan con control médico», por lo que afirmó que no ve «ninguna razón» para que no se haga así en este caso. Asimismo, destacó que también en Castilla y León se dispensa en centros salud de forma gratuita y resaltó que no hay que «confundir» la facilidad al acceso «en relación con bajar la guardia en el control médico sanitario».
En cuanto al debate sobre la aprobación del anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en una serie de supuestos, Mejuto opinó que «de alguna manera deja encima de la mesa del profesional sanitario la valoración de si el menor es maduro o no».
Por otro lado, señaló que desde la Junta extremeña defienden «la Ley de plazos que está en el borrador» para que exista un marco jurídico que cubra los plazos y no presente ningún problema.
Guisasola se mostró en desacuerdo con no «exigir el consentimiento paterno para una intervención», porque señaló que tiene «sus riesgos, complicaciones y que pueden ser graves» al tiempo que recordó que para intervenciones con riesgos similares si se exige».
Aún así, reconoció conocer el anteproyecto sólo por la información de los medios de comunicación, por lo que destacó que «no es una valoración detenida», que no realizará hasta que no lea por completo el texto definitivo.