La Junta primará a las empresas mineras que incentiven empleo estable
El decreto que ultima la Consejería de Economía para el periodo 2008/2012 excluirá ayudas a empresas en crisis y las incluirá a las que reduzcan accidentes
El proyecto regula los incentivos a la minería energética y su régimen jurídico.
La Consejería de Economía y Empleo otorgará preferencia y primará en las ayudas a la minería a las empresas que mantengan el empleo estable y reduzcan la siniestralidad, mientras que excluye de los incentivos a las industrias en crisis, según recoge en el proyecto de decreto del Programa de Actuación en las Comarcas Mineras 2008-2012, que tiene como beneficiarios a asociaciones, organizaciones, empresas privadas y entidades públicas o privadas que ejecuten proyectos de promoción o reactivación económica en las cuencas mineras de Castilla y León.
El proyecto, formado por 24 artículos y cinco disposiciones, conocido por la Agencia Ical, regula los incentivos a la minería energética y su régimen jurídico; las ayudas a la minería no energética; las actividades comunes a la minería como la seguridad minera, la mejora del hábitat o el empleo y formación profesional; la reactivación de las cuencas bajo el principio de adicionalidad y la previsión presupuestaria.
Entre los objetivos están el establecimiento de una diferencia entre la minería energética y no energética, el apoyo a las empresas mineras con líneas para la mejora de su competitividad, la mejora de las condiciones de vida de las cuencas en infraestructuras, telecomunicaciones, equipamientos, fomento del ahorro energético o implantación de energías renovables, la potenciación de empresas alternativas, el fomento de la investigación, el respeto al medio ambiente y desarrollo sostenible y la formación y cualificación técnica de los trabajadores.
Según el decreto, en el que se ha dado audiencia a la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León, Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León y federaciones sectoriales de minería de los sindicatos, tienen consideración de municipios mineros aquellos en los que existan o hayan existido explotaciones mineras o bien haya una dependencia clara y manifiesta de la minería para su economía.
El proyecto con rango legal de ley, que da continuidad al Programa de Actuación de las Comarcas Mineras 2004-2007, recoge que los presupuestos de la comunidad incluirán los créditos necesarios y suficientes para que se alcancen, en los cinco años de vigencia del programa, los objetivos previstos. También subraya que los fondos tienen carácter de aportación excepcional, adicional y complementaria a otras ayudas económicas previstas por las administraciones, tanto nacionales como comunitarias, para las comarcas mineras.
En el proyecto de decreto se incorpora una memoria económica en la que se explica que este programa no supondrá incremento del gasto público porque todas las medidas tendrán dotación en cada anualidad del presupuesto por lo que no incluye, por entender que resulta imposible, una estimación global de las cuantías. Con la base de la aportación de 2008, cuantifica en más de 50 millones la cuantía global de las medidas.