Los internatutas creen «franquista» el plan «antipiratería» del Gobierno

La comunidad internauta, a la espera de tener acceso al texto legal en el que el Gobierno contempla el cierre o bloqueo de páginas web de descargas ilegales, considera que este plan antipiratería «supone un retroceso en materia de libertad de expresión que nos acerca a la época del secuestro administrativo del régimen franquista». Así se pronunció, en nombre del colectivo, Javier Maestre, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y uno de los portavoces de la Asociación de Internautas. Esta asociación, junto a bloqueros, juristas, expertos en internet y organizaciones de usuarios mantuvo una reunión este sábado para analizar y dar una respuesta al plan del Ejecutivo. Maestre avanzó que la próxima semana se elaborará un comunicado de todos estos colectivos, una vez conozcan el texto definitivo, pero se basó en las palabras del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tras el último Consejo de Ministros para manifestar que se trata de un paquete de medidas «que va a afectar a la configuración de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito de internet y de la libertad de expresión». Consideró Maestre que lo que se ha dicho desde los poderes públicos hasta el día de hoy «es absolutamente aberrante» y supone una regresión a la época franquista, «al autorizar a un órgano administrativo el cierre de publicaciones; eso sí, con la concesión del visto bueno de un órgano judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa». Tampoco comparte la comunidad internauta, según las palabras de Maestre, que la decisión cautelar de cerrar o bloquear una página web recaiga en un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. «El esquema de competencias judiciales en España está bien definido y deberían ser los jueces de lo mercantil o bien los jueces de instrucción del ámbito penal los que conozcan de los conflictos que haya en materia de propiedad intelectual». Criticó que el Ejecutivo haya optado por «crear en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un órgano específico para hacer un control de pitiminí sobre una decisión que adopta un órgano administrativo».