La ‘ley Sinde’, ya publicada en el BOE, entrará en vigor en dos meses

El real decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual prevista en la popularmente llamada da ‘ley Sinde’ —un reglamento que empezó a gestarse en el 2009 y que fue aprobado por el último Consejo de Ministros del año—, apareció ayer publicado en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en dos meses.

Así, el Ejecutivo ha decidido suprimir el canon digital, que sustituirá por un sistema de compensación con cargo a los Presupuestos, y aprobar el reglamento de la ‘ley Sinde’, que pone en marcha una comisión antipiratería para defender a los creadores del «expolio lucrativo» de las descargas de internet.

El reglamento de la ley Sinde era una de las «patatas calientes» —según la calificó el nuevo ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert— heredadas del anterior Gobierno, que decidió dejarlo encima de la mesa del Consejo de Ministros después de debatirlo en varias ocasiones. En su segunda reunión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde al desarrollo de una ley que pactó hace casi un año con el PSOE en el Parlamento. De esta manera, el Gobierno adopta sus primeras medidas para «salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y dinamizar las industrias culturales». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba tras el Consejo de Ministros que la Comisión de Propiedad Intelectual se ocupará de «proteger los derechos de los propietarios, creadores y otros titulares frente al expolio lucrativo de las webs de descargas ilegales». Sáenz de Santamaría precisó que «solo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, frente a quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros», es decir «sólo contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales».

El Real Decreto amplía el cometido de la Comisión, que tenía funciones de mediación y arbitraje, a otras actuaciones que estarán dirigidas a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo «para garantizar la integridad de los derechos fundamentales afectados», señala la referencia del Consejo de Ministros. La vicepresidenta destacó que con estas medidas «España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería».

‘Guerra’ en Internet. Por otro lado, la red virtual Resiste, que ya pidió castigar en las urnas a los partidos favorables a esta ley, llama ahora al boicot de autores, productores, agentes o directivos «que se manifestaron explícitamente, o participaron en los grupos de presión» para que la ‘ley Sinde’ saliera adelante, según explica en su wiki. «Es una ley que socava derechos fundamentales y la necesaria independencia y jurisdicción judicial de un estado de derecho», puntualiza. Este boicot se justifica como la única salida tras dos años de debate y activismo que «no han servido de nada». «No nos dejan más opción que responder con aquello que afecta directamente a los intereses de fondo: el dinero», concluye.