El Gobierno impondrá al presidente de RTVE y privatiza las autonómicas
Se acaba con la elección por dos tercios del Parlamento y se hará por mayoría absoluta.
Alberto Oliart fue el último presidente de RTVE elegido por consenso.
El Gobierno aprobó ayer un decreto ley que permitirá que el Congreso de los Diputados nombre al presidente de RTVE por mayoría absoluta, y no por dos tercios, lo que habilita al Grupo Popular para aprobarlo con sus votos. El PP podrá así recurrir a su mayoría absoluta para elegir al presidente de la Corporación si no llega a un consenso con otros partidos y, en concreto, con el principal grupo de la oposición (PSOE).
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó ayer de que el Gobierno ha aprobado este Decreto Ley para resolver el bloqueo que sufre la Corporación RTVE ante la vacante de presidente, que dimitió la pasada legislatura, y ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para sustituirlo. La ministra portavoz ha anunciado además que el número de consejeros de la Corporación se reducirá de 12 a 9 y que no tendrán dedicación exclusiva, ni asignación salarial, salvo lo que perciban en concepto de dietas por asistir a las reuniones.
La única excepción la constituirá el propio presidente de la Corporación, ha informado Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que el sueldo de cada uno de los consejeros ascendía a 110.000 euros anuales. Soraya Sáenz de Santamaría ha incidido en la necesidad de desbloquear la actual situación de la Corporación, ante la vacante de varios consejeros y del propio Presidente, un bloqueo, ha dicho, «que impide presentar las cuentas anuales y los presupuestos para el presente ejercicio».
El decreto modifica la ley de 2010, en función de la cual se nombró con votos de PSOE y PP a los dos anteriores presidentes de RTVE y exige menos consenso para el nombramiento, aunque Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en que seguirán buscando el acuerdo de dos tercios.
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha calificado de «golpe de mano» y «golpe institucional» del Gobierno el cambio de método para nombrar al presidente de RTVE, y ha afirmado que esto pone «fin a la televisión plural».
Además, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que permite que las comunidades autónomas decidan si mantienen una televisión pública en su región o no y, en el caso de hacerlo, puedan optar por su privatización. Las comunidades que mantengan su televisión pública habrán de elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales.
En cualquier caso, la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, permitirá a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones, saquen a concurso las frecuencias de las mismas.
La vicepresidenta aseguró que se trata de una «importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas», dado que flexibiliza el modo de gestión de sus televisiones.