El Supremo lleva a Bruselas la Ley de Propiedad Intelectual
El Tribunal Supremo (TS) ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial que pone de manifiesto sus dudas sobre la legalidad de una de las medidas incluidas en la reforma de Ley de Propiedad Intelectual, una norma que continuará su tramitación en el Senado.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado un auto, del que ha sido ponente el magistrado Luis María Díez-Picazo Jiménez, en el que plantea sus dudas sobre si el decreto que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se ajusta a la legislación europea.
Un sistema que fue recurrido ante el TS por tres entidades de gestión y que se encuentra incluido en el proyecto de ley que se tramita actualmente en el Senado, aunque ya es el vigente tras ser el aprobado en diciembre de 2011 en sustitución del conocido como canon digital. Según explica el Ministerio de Cultura en un comunicado, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no suspende la tramitación de una reforma legislativa, ni tampoco implica la suspensión de la aplicación de una ley aprobada por el poder legislativo ni de un Real Decreto aprobado por el Gobierno desarrollando una ley vigente. Con su decisión, el Supremo ha dejado en suspenso la resolución de los recursos presentados por Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, de Derechos de Autos de Medios Audiovisuales y de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticoscontra la regulación del procedimiento de pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado. Las dudas planteadas por el TS son, por un lado, si es legal que este sistema no asegure que el coste de la compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas. Y, por otro lado, si es legal que la cantidad total destinada en los Presupuestos a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base al perjuicio causado, deba fijarse dentro de los límites establecidos para cada ejercicio.