La sentencia de los Principia refleja la dejación de la Comisión de Patrimonio

La sentencia sobre los Principia —que da la razón al Ayuntamiento en el litigio con los dueños del solar de la calle San Pelayo— recoge la evolución de los acontecimientos y qué papel jugaron los actores en esta representación. Así, por ejemplo, refleja de qué manera la Comisión Territorial de Patrimonio, organismo encargado de velar por la defensa del patrimonio, fue la que originó la cadena de acontecimientos que degeneraron en una polémica que se ha prolongado a lo largo de doce años. Su primera actuación data del 4 de agosto de 2003. Fue entonces cuando se recogieron las condiciones técnicas que debían regir los trabajos de excavación. El 22 de abril de 2004, los miembros de la comisión deciden que la obra tan sólo debe permitir la existencia de un espacio en el que se puedan exponer de forma permanente y acceso público los restos del cuartel general de la Legio VII, «mediante una presentación de índole museográfica que incluya los oportunos documentos gráficos y fotográficos de la misma». Es decir, el órgano encargado de velar por el patrimonio, resta valor a los Principia y no se preocupa de exigir al propietario la conservación de los vestigios y se limita a hablar de documentación. Y eso en uno de los enclaves más importantes del campamento legionario de la ciudad. Importante hasta el punto de que se trata del lugar en el que se conservaban los órganos esenciales de la administración, los ámbitos sagrados destinados al culto y la custodia de los estandartes.

En este sentido, llama la atención el hecho de que tres años después, el mismo órgano agradecía a la Fundación Sierra-Pambley «la colaboración prestada en la protección del patrimonio arqueológico de la ciudad de León. Se refería a la protección de esos mismos restos, los restos de los Principia, que volvieron a salir a la luz con las obra de remodelación de la nueva sede del Procurador del Común y que fueron integrados en el proyecto. Y es que los Principia eran gigantescos. Sus dimensiones abarcan una superficie que va desde San Pelayo (donde está el solar del conflicto) a la calle Ancha.

Pero la dejación de la Comisión de Patrimonio no acaba ahí. El 29 de octubre los propietarios solicitan licencia para realizar estudios de geotecnia en el solar, que podrían provocar daños irreparables en el yacimiento. Es entonces cuando el arquitecto municipal advierte de que al realizarse estos trabajos en la zona de las excavaciones, se requiere el informe del arqueólogo municipal. Paralelamente, el propio alcalde solicita sin éxito a la Comisión Territorial de patrimonio que reconsidere su acuerdo de 22 de abril y obligue a preservar los restos. De nuevo, se encuentra ante un muro. La Comisión rechaza la petición del primer edil.

La última actuación de los miembros de la Comisión —que por entonces no estaba integrada por expertos en cultura y patrimonio sino tan sólo por jefes de servicio de la Junta— data del 21 de febrero de 2005. Es entonces cuando se presenta el proyecto de ejecución, proyecto que modifica el básico y que cambia las dimensiones del inmueble. El nuevo plan trastoca la morfología de los sótanos del edificio, ampliando su superficie y realizando una planta más. Se incrementaba de esta manera su superficie en 1.435 metros cuadrados, pasando de 3.687 a 5.122 metros cuadrados. Este incremento suponía una destrucción aún mayor de los restos. Se remite entonces este proyecto a la Comisión Territorial que, una vez más, tiene la posibilidad de salir en defensa del patrimonio y que, de nuevo, decide lavarse las manos, devolviendo el proyecto y emitiendo un acuerdo en el que se defiende que no se precisa su autorización.

«No se puede conservar todo»

Preguntado al respecto, el actual delegado de la Junta, Guillermo García, explica que no puede explicar los hechos con rigor por cuanto que él no ocupaba el cargo cuando tuvieron lugar los hechos. «Sé que la Comisión prescribió que se dejara un espacio en el que explicar los restos, pero no puedes conservar todo», sostiene. García lamenta que los propietarios trataran de aumentar en un sótano la superficie del inmueble incumpliendo el proyecto básico y en lo referente a las dos ocasiones en las que la Comisión descartó actuar para proteger el enclave, se muestra rotundo: «Yo no estoy ocultando nada. Que cada palo aguante su vela».