Pleitear contra Mario Conde para salvar León

verónica viñas | león

La fábrica Abelló, el monasterio de Sandoval y el palacio de Grajal de Campos siguen en pie gracias a la determinación de un hombre. Antonio Alonso-Cortés pleiteó en los tribunales y se enfrentó en solitario al entonces todopoderoso Mario Conde para salvar un edificio que hoy es Bien de Interés Cultural (BIC).

Se cumple ahora una década del fallecimiento de este ‘Quijote’ que fue uno de los fundadores de Promonumenta, la asociación creada para acudir al rescate de los monumentos abandonados.

El historiador y jurista Alonso-Cortés presentó un contencioso cuando en los años ochenta Mario Conde, con el respaldo del entonces alcalde, el recientemente fallecido Juan Morano, pretendían derribar la fábrica de productos químicos Abelló. Al final, se salvó una parte mínima del complejo construido en 1900 para Papelera Leonesa y adquirido en 1942 por Juan Abelló Pascual, que lo convirtió en fábrica de productos químicos y farmacéuticos hasta su cierre. Una construcción histórica en la calle Astorga que albergó por un tiempo el taller de la Luftwaffe durante los meses en los que las tropas del general Von Richthofen acamparon en León.

Para Alonso-Cortés, como recuerda su hija, «fue muy importante luchar para que el uso posterior de dicho edificio estuviese ligado al ámbito de la formación profesional, del cual era un gran defensor, al haber trabajado como orientador laboral de jóvenes en el Instituto de Psicología de León. Y esa lucha es lo que justifica que, en la actualidad, dicho complejo incluya talleres de formación ocupacional homologados», dice. Alonso-Cortés rescató Abelló doblemente, no sólo como patrimonio, sino como centro formador.

No fue la única batalla que libró. Gracias a su obstinación y sus conocimientos legales e históricos aclaró la propiedad del Monasterio de Sandoval, alentó la restauración del palacio-castillo de Grajal, promovió el expediente para declarar BIC los restos del monasterio de Trianos y azuzó al Ayuntamiento para que preservara las murallas de León.

Presidente de la Asociación Cultural Grajal de Campos y del Centro de Iniciativas Turísticas de esta localidad, Alonso-Cortés, interpuso desde el año 2000 varias denuncias contra las administraciones correspondientes para que evitasen la ruina del castillo.

Hace 18 años, el investigador apeló al Defensor del Común, quien dictó una resolución favorable, aunque fue desoída. Alonso-Cortés arremetió entonces contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Como consecuencia de ello, se dictó una resolución administrativa el 11 de noviembre de 2002, en la que se obligaba al propietario del castillo, el duque de Alburquerque, a reparar el inmueble. Y es que durante décadas el conflicto de la propiedad sirvió de excusa a las instituciones públicas para eludir inversiones en la recuperación del monumento de Grajal.

Alonso-Cortés llevó a cabo un extensísimo informe sobre las murallas de León y las intervenciones que se habían hecho en cada tramo a partir de 1836. En los años 90 el Ayuntamiento y el Estado mantuvieron un complejo litigio por la titularidad de la fortificación romana y la cerca medieval. El Estado tenía inscrito en el Registro de la Propiedad desde 1982 el lienzo de la calle Independencia, pero no otros tramos. Alonso-Cortés denunció que ninguna institución hizo valer sus derechos ante algunas actuaciones privadas que resultaron dañinas para la muralla.

Durante los feroces años de la construcción, en los que perecieron decenas de edificios históricos, Antonio Alonso-Cortés fue la ‘voz de la conciencia’ que impidió el derribo de muchos de ellos.