Mujeres y poder más allá de la corona

La mutilación al 50% de la historia ha dado como resultado un artefacto en el que el análisis es hemipléjico, erróneo, por lo tanto. Las mujeres aparecen en la historiografía si han enarbolado perfiles masculinos, al frente de gobiernos, de instituciones y administración del Estado. Sin embargo, la historia es mucho más que eso. «De hecho, hemos ayudado a llevar a cabo cambios, transformaciones, a evolucionar, y nosotros somos el resultado de esta presencia». Es la tesis que defenderá hoy la profesora de la Universidad de León Ana María Sixto en la conferencia Las mujeres y el poder en la Edad Moderna: desmontando la idea de invisibilidad femenina en la historia dentro del ciclo que organiza el Ayuntamiento sobre Mujeres y poder.

A pesar de que ni siquiera con la irrupción de la Historia de los Annales se detuvo esta sustracción, la ausencia de la mitad de la población en los análisis de las consecuencias de la humanidad en el tiempo histórico no cambia la realidad. «Cuando empezaron a ser estudiados los grandes grupos sociales, ellas fueron excluidas de los análisis porque alteraban los resultados globales», destaca Sixto, que subraya que, sin embargo, en los últimos años la inclusión ha progresado de manera extraordinaria. La experta revela que los márgenes de poder de las mujeres han estado sujetos a ámbitos propios del hogar, si bien estos espacios han sido fundamentales para la defensa de los bienes, de la supervivencia económica de la familia y de la reproducción de la cultura popular.

En las sociedades de la Edad Moderna —explica Ana Sixto— los hogares encabezados por mujeres permiten observar con especial claridad esa capacidad de decisión. Las fuentes muestran sobre todo a viudas y solteras que asumían responsabilidades familiares porque los hombres estaban ausentes durante largos periodos.

La emigración y la trashumancia provocaban que muchos hombres permanecieran fuera del hogar durante meses, pero la estructura familiar no quedaba suspendida. «Las mujeres pagaban a los acreedores, afrontaban rentas, sostenían a los hijos, defendían los bienes familiares y mantenían en funcionamiento los hogares», afirma la profesora, que lamenta que, lamentablemente, esas tareas han sido consideradas históricamente como extensión de las obligaciones domésticas y no como formas de actividad económica, capacidad de decisión o ejercicio de poder.

Las fuentes judiciales permiten observar esa transformación con particular claridad. En los documentos, las mujeres aparecen en reclamaciones de bienes, en la defensa de los derechos de sus hijos, en litigios por una dote o en denuncias a acreedores. No aparece únicamente como objeto de decisiones ajenas, sino como sujeto que adopta decisiones y utiliza los instrumentos disponibles para defender sus intereses.

El caso de María de Omaña, una viuda de San Miguel de Laciana en 1715, permite observar esa situación en un contexto marcado además por la emigración. Tenía un hijo ausente desde hacía años y desconocía incluso si seguía vivo. Mientras tanto, ella permanecía al frente de la defensa del patrimonio familiar. Otro ejemplo es el de María Álvarez, vecina de Torrestío, una viuda de 50 años que en 1752 tenía ocho hijos a su cargo y un patrimonio reducido que debía proteger.

La dote y la soltería

La misma revisión resulta necesaria al analizar la soltería. «El matrimonio estaba condicionado por una serie de restricciones demográficas y económicas. Las sociedades de la Edad Moderna tenían que equilibrar población y recursos y el mercado matrimonial constituía uno de los mecanismos de ese equilibrio», revela Ana María Sixto. La escasez de recursos hizo que en muchas zonas del norte de España la edad de acceso al matrimonio se situara en torno a los 27 o 28 años e incluso más. En determinadas zonas de Galicia podía superar los 30. El retraso matrimonial reducía el tiempo reproductivo y contribuía a limitar el crecimiento demográfico.

Pero la soltería tenía también una dimensión económica, especialmente entre las elites. La dote podía comprometer una parte considerable del patrimonio familiar. Una familia con varias hijas podía enfrentarse a un problema de conservación de sus bienes si todas ellas contraían matrimonio. «Por eso, algunas permanecían solteras o ingresaban en instituciones religiosas. Verá. Los conventos no eran espacios de simple reclusión sino centros económicos que administraban rentas y podían prestar dinero. Además, generaban espacios de gestión y representación», desvela Sixto. La investigadora añade que colocar a una hija en una institución poderosa podía ser una estrategia económica y social.

El problema era que esa decisión familiar podía entrar en conflicto con la voluntad de la mujer porque algunas ingresaban por vocación, pero otras eran obligadas y tuvieron el coraje de enfrentarse a esa imposición ante un juez. La profesora señala que encontraron más fracasos que victorias, pero reitera que lo importante fue su capacidad de empuñar su voluntad, su decisión de combatir. Por eso rechaza definirlas simplemente como víctimas. La categoría de víctima puede explicar la situación de indefensión en la que se encontraban, pero no necesariamente explica sus acciones.

La desigualdad tampoco terminaba en el matrimonio, la propiedad o el trabajo. Se reproducía en el acceso a la educación. Las niñas se incorporaban antes al mundo laboral y su educación implicaba un doble coste: pagar la enseñanza y renunciar al trabajo que podían realizar. La educación de los niños podía percibirse como una inversión. La de las niñas, en cambio, tendía a contemplarse como un gasto de rentabilidad incierta. El resultado puede verse en las estadísticas de alfabetización. Ana Sixto señala el contraste del censo de 1860: en el norte aparecen algunas de las tasas de alfabetización masculina más elevadas del Estado y, simultáneamente, algunas de las tasas de analfabetismo femenino más altas. La paradoja es reveladora porque muestra que ambas realidades no pueden interpretarse de manera independiente.

La historia de las mujeres no debería consistir en sustituir una lista de hombres ilustres por una lista de mujeres insignes. Tampoco en añadir a Isabel la Católica, Urraca o Juana I a un relato que mantenga intactas sus categorías. Eso supondría seguir haciendo historia de la misma manera.

«El desafío, resalta la profesora, es estudiar las estructuras que hicieron posible la vida cotidiana y descubrir quiénes las sostuvieron.

Represión en la guerra

«En el año 1938, Francisca Gómez Blanco compareció en la Comisaría de Investigación y Vigilancia de León para denunciar que «de una finca de su tío Ramón Marsá Bragado, tiene en Valdecastillo de esta provincia, donde estuvo establecido el Cuartel de Falange y la Comandancia Militar mientras duraron las operaciones del Norte, le faltaron muebles o ropas». Precisamente esta denuncia presentada ante la Comisaría de Investigación y Vigilancia León desencadenó un proceso de incautación de bienes en el que se indica que el encausado poseía un patrimonio mueble e inmueble valorado en 15 000 pesetas que pasó a FE de las JONS en el momento en el que su legítimo propietario se trasladó a la retaguardia republicana». Es uno de los ejemplos de cómo afectó la guerra civil a las mujeres leonesas, tema sobre el que disertará mañana la profesora Ana Cristina Rodríguez Guerra en su charla El poder de resistir: mujeres, patrimonio y supervivencia en la postguerra.

En León, donde la mayor parte de la provincia quedó rápidamente bajo control de los sublevados, las primeras incautaciones surgieron de la violencia y la arbitrariedad. Después fueron convertidas en un procedimiento administrativo mediante los decretos de 1936 y 1937 y, posteriormente, mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La burocratización aportó una apariencia de legalidad a un mecanismo cuya finalidad seguía siendo esencialmente política: identificar al enemigo, inmovilizar su patrimonio y convertir la derrota política en una sanción material.

El sistema afectó inicialmente a sectores con mayor capacidad económica, pero terminó extendiéndose a trabajadores, mineros y jornaleros. Esta ampliación revela una de sus contradicciones: incluso cuando no existían bienes que embargar, las autoridades podían imponer una sanción. El castigo dejaba entonces de ser estrictamente recaudatorio para adquirir un valor ejemplarizante. No era necesario poseer patrimonio para ser económicamente represaliado.

Las cifras muestran, además, una maquinaria mucho mayor de lo que sugieren los casos individuales. De los 361 expedientes analizados, el 68,31% quedó inconcluso. Solo 66 encausados, el 2,17%, llegaron a completar el pago de sus responsabilidades civiles, mientras que otros 172 no pudieron satisfacerlas íntegramente o fueron declarados insolventes. La incapacidad administrativa para culminar buena parte de los procedimientos no anuló, sin embargo, su función represiva. Muchos expedientes pasaron al nuevo sistema de responsabilidades políticas, que multiplicó la dimensión del mecanismo.

El patrimonio incautado tuvo además una segunda consecuencia: podía convertirse en patrimonio para terceros. Entre 1937 y 1939 la Comisión Provincial llegó a controlar bienes y dinero valorados en unos dos millones de pesetas y en sus subastas participaron 764 licitadores. La documentación señala irregularidades en la gestión y plantea la existencia de prácticas corruptas. El expolio no terminaba, por tanto, con la confiscación: continuaba con la administración y posterior venta de los bienes.

La represión tampoco terminó con el encausado. Cuando este había sido ejecutado, encarcelado o había huido, las consecuencias económicas podían recaer sobre sus familiares. Mujeres, padres e hijos aparecen en los expedientes intentando recuperar bienes, pagar sanciones o demostrar que los bienes embargados eran imprescindibles para la supervivencia familiar. La persecución política adquiría así una dimensión intergeneracional.

Uno de los ejemplos de cómo las mujeres fueron utilizadas en el engranaje económico de la guerra se publicó en Diario de León: «Nuestros soldados, institutos armados y milicias que luchan por la liberación de España ya presienten el invierno, así que yo os invito valientes y abnegadas mujeres leonesas a que inauguréis seguidamente la quincena del jersey, bajo las siguientes condiciones: Cada mujer de la provincia de León, de catorce años en adelante, deberá hacer un jersey por sí misma, en color blanco, marrón claro o gris a ser posible, y sin mangas. Las que no tengan lana o no puedan comprarla, la recabarán entre sus amistades o la solicitarán del Alcalde respectivo, el cual, puesto de acuerdo con el de la cabeza de partido, verán la manera de solucionarlo y en último término manifestaran a este Gobierno Civil las dificultades que encuentren para procurar prestarles los auxilios que necesiten».