Salamanca tendrá que devolver los papeles de la guerra a Cataluña

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció en el Congreso que los llamados «papeles» de Salamanca -compuestos por 507 cajas con documentación sobre la Guerra Civil y otros períodos de la historia de Cataluña- serán devueltos a la Generalitat. Con esta decisión, la ministra de Cultura refrenda la decisión adoptada el pasado jueves por la comisión de expertos, quien se pronunció a favor de que se restituya una documentación que calificó de «botín de guerra». Una vez devueltos los documentos -cuyos trámites legales comenzarán en enero o febrero-, serán los tribunales los que decidan si la Generalitat debe entregar o no los «papeles» que, por vía judicial, sean reaclamados por particulares. Calvo explicó que buena parte de esta documentación fue utilizada por el régimen franquista para llevar a cabo «la represión» de la posguerra. Recordó que la Declaración Universal de Derechos Humanos reprueba estas prácticas y señaló que la Convención de la Haya aconseja actuar de forma similar a las conclusiones que ha alcanzado la Comisión de Expertos. «Hemos seguido las recomendaciones de la comisión», afirmó Calvo. «Creo que ha sido una decisión justa, legal y cargada de legitimidad jurídica», dijo la titular de Cultura tras agradecer el trabajo realizado por los 17 miembros de una comité cuyo guión -según el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote- «estaba escrito de antemano». Calvo sostuvo que la decisión ha sido «mesurada» y «plena de sentido común». Ante las voces críticas que se han alzado en contra de todo este proceso, recordó que fue el actual presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, el primero en reclamar la devolución de unos documentos que de «manera ilegal se habían expoliado a Cataluña», según palabras de Fraga. El presidente de la Xunta hizo esta petición en el Congreso, cuando era el líder de la formación política Alianza Popular, durante el Gobierno de Adolfo Suárez. «Estoy asombrada por la falta de respeto que algunos cargos públicos han mostrado hacia el comité de expertos», dijo la ministra. Solución armoniosa Adujo que se había adoptado una solución «armoniosa» donde «no se cuestiona el reparto de competencias en materia de archivos ni tampoco existe ningún ánimo de enfrentamiento entre poblaciones». Calvo fue tajante: «Hemos tomado una decisión que consideramos justa y legal; quien quiera hacer una lectura rupturista será responsabilidad suya».