El Gobierno no aceptará nuevas reivindicaciones sobre el Archivo de Salamanca

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, advirtió ayer que el Gobierno no aceptará «ninguna otra reivindicación» en relación con los fondos del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y subrayó que la única administración legitimada para solicitar alguna de las 20.000 cajas de legajos es la Generalitat presidida por Pascual Maragall. De esta forma el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere dejar claro que rechazará las iniciativas que en este sentido se han anunciado desde la Comunidad Valenciana y otros puntos del país. «Quiero recordar que es legítima la reclamación de la Generalitat de Cataluña, pero que nadie reivindique más porque el Gobierno no aceptará ninguna otra. Ninguna», recalcó en conferencia de prensa Jesús Caldera, quien defendió el dictamen del comité de expertos, que consideró justas y legítimas las razones esgrimidas por la administración catalana. En consecuencia, añadió que apoya al «cien por cien» la resolución aprobada antes de la Navidad por los historiadores, archiveros y expertos de la comisión presidida por Federico Mayor Zaragoza. También recordó que hace tres años, durante la segunda legislatura de José María Aznar, otra comisión de especialistas llegó a conclusiones similares a la hora de establecer la legitimidad de las reclamaciones. El asunto en los tribunales El ministro de Trabajo restó importancia a la vía judicial utilizada por la Junta de Castilla y León para evitar la desmembración del Archivo de Salamanca y auguró un pronunciamiento de los tribunales favorable a las tesis del Gobierno, aunque se dilate el periodo de devolución: « No me preocupa en absoluto; tienen derecho a ello, pero ya verán como les quitan la razón. Al contrario, creo que será clarificador», respondió Caldera. Destacó que el Ejecutivo «cumplirá a rajatabla» la decisión de los expertos. Caldera advirtió al alcalde de Salamanca, el popular Julián Lanzarote, que siempre se debe acatar la legalidad vigente, en alusión a la normativa municipal que impide el acceso de vehículos a la sede del Archivo, el Colegio de San Ambrosio, con la instalación de vallas y bolardos.