La UPL denunció en las Cortes las incorrecciones sobre la historia de León
Herrera niega que la Junta elija los libros de texto o su contenido
El presidente afirmó que no se ha recibido ni una sola queja por parte de los propios profesores
La polémica sobre el contenido impreciso e incluso erróneo de algunos libros de texto en lo que a la historia de León se refiere llegó ayer al pleno de las Cortes de la mano de una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero. En respuesta, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aseguró que el Ejecutivo autonómico no es el encargado de seleccionar los libros de texto que se utilizan en los distintos centros escolares, y mucho menos su contenido. En este sentido, señaló que tanto la Junta, que tiene transferidas las competencias educativas, como los propios centros están sometidos a la Ley Orgánica de Educación, y recordó que los órganos responsables de seleccionar los libros de texto de cada curso son los departamentos didácticos de los IES y los equipos de ciclo de los colegios de primaria. Asimismo, Herrera, quien negó la acusación de «manipulación formativa» que figuraba en el texto escrito de la pregunta de Otero, afirmó que la Junta no ha recibido «ni una sola denuncia sobre esos grandes errores o tergiversaciones» por parte del amplio cuerpo de docentes de Historia que trabajan en la comunidad, y que cifró en 913. Clase de historia Por su parte, durante su intervención ante el pleno Otero denunció el gran número de incorrecciones, imprecisiones e incluso «disparates» que figuran en los libros de historia que actualmente se utilizan en la comunidad, entre las que mencionó el hecho de hablar de «castellanos-leoneses» en lugar de castellanos y leoneses; la mención expresa a Valladolid como «capital de la región» o afirmaciones como que «Castilla y León existe desde la prehistoria» o que «los montes leoneses separan Castilla y León de Galicia». Por todo ello, exigió a la Junta que, desde sus atribuciones, hagan algo para evitar tanta falta de rigor en lugar de convertirse en «cómplices». En este punto, Herrera explicó que la Junta no puede dar instrucciones en esta materia. «Nuestra capacidad de supervisión está limitada a determinados principios que desde el punto de vista constitucional son básicos», explicó.